El ex director de Trabajo daba las ayudas

cecilia cuerdo | sevilla

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera compareció ayer por vez primera ante el juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos y recurrió al viejo axioma de culpar a otro. En este caso, a la persona puesta como cortafuegos por todos los dirigentes socialistas desde que saltó el escándalo: su subordinado el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

Viera, acusado de los presuntos delitos de prevaricación y malversación, había declarado la primavera pasada ante el Tribunal Supremo dada su condición de aforado como senador, pero nunca había acudido al juzgado 6 de instrucción de Sevilla. Ayer lo hizo por apenas media hora, en la que a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, única parte a la que respondió, aseguró no haber participado en 2003 en la concesión de un ERE por importe de 21 millones de euros a la empresa pública Egmasa, ahora denominada Agencia del Medio Ambiente y Agua de Andalucía. La competencia para la concesión de esta y otras ayudas era de Guerrero, insistió, dado que en su calidad de consejero sólo estaba al tanto de las ayudas de mayor cuantía o importancia o a empresas relevantes. Es decir, aquellas ayudas que eran de conocimiento general.

Así, en su intervención Viera aseguró no solo desconocer el importe abonado por el Instituto Andaluz de Fomento (IFA) que él presidía para un expediente de regulación de empleo que afectó a 373 trabajadores, sino incluso desconocer que hubiera un conflicto en la empresa. El ex consejero declaró en el marco de una de las piezas separadas en el caso ERE, en el que la juez María Núñez Bolaños investiga un presunto desvío de fondos públicos mediante la financiación del plan de prejubilaciones. La juez estima que en su concesión «se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», además de apreciar irregularidades como la inclusión de un intruso.