Destituido un alto cargo del PP andaluz por filtrar datos del falso desnudo de Teresa Rodríguez

El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la destitución, por vez primera en la historia de la institución, de un adjunto al Defensor del Pueblo nombrado a petición del PP-A por filtrar datos de una mujer cuya foto desnuda en la playa corrió como la pólvora en las redes sociales en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas al ser confundida con la líder de Podemos Teresa Rodríguez. La mujer pidió amparo al Defensor dado que la imagen fue difundida sin su consentimiento, pero su sorpresa fue mayúscula cuando la supuesta confidencialidad que le garantizó la institución se vulneró tras ser contactada por un medio de comunicación para una entrevista, por lo que se quejó de nuevo de que quien debía protegerla hubiera hecho justo lo contrario.

Ahora, y tras meses de polémica y proceso judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha encontrado "indiciossuficientemente justificados" para seguir adelante con la causa contraCarlos del Barco, periodista y exdelegado de la agencia Efe en la comunidad, que declaró a comienzos de mes en calidad de imputado por un supuesto delito de revelación de secretos. En su comparecencia, reconoció ser el instructor del expediente iniciado en el Defensor del Pueblo tras la denuncia de la joven y la persona que filtró los datos de la chica al diario 'Abc', por lo que el alto tribunal andaluz ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra Del Barco para continuar la causa.

Esa decisión judicial ha acabado por cercenar la carrera del alto cargo conservador. Según el auto dictado por el TSJA, Del Barco se puso en contacto con el diario para contarle la denuncia y además le remitió por correo electrónico los datos personales y de contacto de la joven, que llegó a necesitar tratamiento médico por la ansiedad que la situación le generó. Al recibir un mensaje de un periodista de este medio ofreciéndole una entrevista, la joven llamó a la oficina del Defensor para quejarse sobre la filtración. Una actitud que según el magistrado supone "un acceso legítimo a datos personales por parte de un cargo o autoridad en el ejercicio de sus funciones, pero una indebida cesión de los mismos". El Código Penal establece que, por este delito, se podrá imponer desde una multa de 12 meses hasta cuatro años de prisión en función de la gravedad de la revelación del secreto.

EN INFORMATIVOS NACIONALES

En plena precampaña, la foto volaba por las redes sociales, grupos de whatsapp y de los políticos e incluso apareció en el informativo de TVE, en un intento según denunció entonces Teresa Rodríguezde desacreditarla. Sin embargo, la auténtica víctima era la verdadera protagonista de la imagen, quien sin éxito llevaba años denunciado que su desnudo integral "robado" en una playa nudista y publicado en una web llevaba años utilizándose sin su permiso, de ahí que la propia Rodríguez la animara a poner el caso en manos del Defensor del Pueblo y pedirle amparo.

El magistrado, además, en su auto afea a Del Barco que en vez de ofrecer una solución al problema de la mujer  alternativa de solución a su problema a la joven lo que hiciera fuese "ofrecer a su amigo periodista una ventaja informativa" facilitándole los datos de una persona afectada por un asunto que perjudicaba su intimidad e imagen, de ahí que aprecie la existencia de dolo por la conciencia del afectado de estar revelando informaciones que "no deben ser divulgadas como obviamente ocurre con los datos personales de un expediente administrativo". Del Barco remitió después un mail a la mujer "pidiendo disculpas por haber dado a conocer sus datos, y explicando las circunstancias y finalidad con que lo hizo".

Por este motivo, y tras dictar el auto de procedimiento abreviado contra Del Barco para continuar la causa abierta y la negativa de este a dimitir, el Defensor del Pueblo Jesús Maeztu decidió poner el caso en manos de la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor y Peticiones de la Cámara autonómica, a la que solicitó su autorización para destituirle alegando una "pérdida de confianza" por una actuación que dañaba la propia imagen de la institución. La petición fue aprobada con los votos a favor de PSOE,IU, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP.