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UNA CONSULTA QUE DIVIDIÓ A LOS ESPAÑOLES

OTAN, el referéndum que puso a España en pie de guerra

Se cumplen tres décadas del polémico referéndum sobre la entrada de España en la Alianza Atlántica. El PSOE lo ganó por los pelos aunque en Cataluña venció el 'no'

Mesa electoral en Gracia durante el referéndum para la permanencia de España en la OTAN.

Publicado por
ROGER PASCUAL
León

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OTAN, de entrada, 34 años. El PSOE pasó de hacer campaña en el 1981 con el lema 'OTAN, de entrada no' a glosar, ya en el poder, las bondades de formar parte de la alianza en el controvertido referéndum de 1986, del que este sábado se cumplen tres décadas. Los socialistas ganaron 'in extremis', pero esa votación supuso un punto de inflexión en la historia del partido.

"Fue un error serio, serio, a los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar, eso se debe llevar en los programas y se decide en las elecciones", reflexionaba años despuésFelipe González. A principios de 1981, un mes antes de dimitir y del golpe de Estado del 23F, Suárez acordó la integración de España en la OTAN. En octubre de ese año, con el eco de los tanques y la pistola de Tejero todavía humeante, fue aprobada por el Congreso, con el voto contrario de los socialistas, que prometieron a hacer un referéndum para salir de la OTAN cuando llegaran al poder.

Después de llegar a la Moncloa, el líder del PSOE defendió que, en un mundo dividido aún en bloques, la salida de la OTAN dificultaría la permanencia en la CEE. Algo que les costó digerir a sus bases, igual que a muchos les costó entender la enrevesada pregunta del referéndum: "¿Considera de acuerdo con los intereses generales de España la permanencia en la Alianza Atlántica, según la posición del Gobierno arriba indicada?". Al final el 'sí' ganó con un 52,53%, pero cosechó casi un 40% de rechazo. En Catalunya, se impuso el 'no' con un 50,65% (y solo un 43,59% a favor) después de que CiU dejara libertad de voto, pese a que las malas lenguas aseguraban que Miquel Roca llamó a las bases para pedir el voto contrario. En Alianza Popular, Manuel Fraga amagó con votar en contra para dar el primer gran revés al PSOE ("el cuerpo me pide votar no") pero, sobre la bocina, desvió el disparo diciendo que "ni un solo voto para el no". El resultado sentó mal a miembros de AP como Miguel Herrero de Miñón, que alentó la teoría de la conspiración hablando de "pucherazo".

"Fraga se negó a pedir el sí y yo voté 'no'", recuerda Jorge Verstrynge. El entonces secretario general de AP niega que el 'no' en el referéndum hubiera supuesto salir de la CEE. "Vinieron a verme delegaciones de embajadores, empezando por el de Bélgica, para decirme 'si ustedes votan 'no', no hay problema; ya están redactados tratados entre el Gobierno español y todos los gobiernos de la OTAN, para establecer sistemas de defensa mutuos. Aunque no estén, no pasa nada, porque ustedes estarán'". Para Verstrynge fue "la primera gran traición del PSOE. Muchos votaron a Felipe para que que nos sacara de la OTAN y no lo hizo. La fórmula ambigua de 'OTAN, de entrada no' parecía que era que no, pero a parte de la entrada estaba la salida y los laterales...". Como ejemplo del viraje del PSOE, el profesor de Políticas de la Complutense aún recuerda como Javier Solana pasó de criticar el imperialismo yanqui a ser secretario de la OTAN. "A la larga, los beneficios de estar en la OTAN son nulos, no nos aporta más que problemas. Desapareciendo la URSS desaparecía la razón de ser de la OTAN, pero la idea era otra. No tenía función defensiva de Europa, sino ofensiva de EEUU".

La sociedad civil se movilizó masivamente en la campaña por el 'no' y figuras del mundo de la cultura se implicaron en la campaña, como Antonio Gala, presidente de la Plataforma Cívica para la salida de España de la OTAN, o Lluís Llach. El cantante de 'L'estaca', que actuó en un festival del PSOE contra la Alianza Atlántica y votó socialista en 1982, demandó a González por incumplimiento de promesas electorales. El juez no le dio la razón porque no había legislación aplicable, pero reconoció la necesidad de los ciudadanos de controlar las promesas electorales e hizo una excepción al no condenar a Llach al pago de las costas del proceso.