El juez imputa al PP de Valencia y ve a Barberá parte de la trama
Ofrece a la ex alcaldesa declarar voluntariamente antes de enviar la pieza al Supremo.
Javier Maroto llega a la rueda de prensa de ayer. BALLESTEROS
Melchor Sáiz-Pardo | Madrid
Por primera vez en la historia judicial española un magistrado imputa a un partido por lavado de dinero de procedencia ilícita. Víctor Gómez, el instructor del caso Imelsa que investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones en varias administraciones de Valencia y la supuesta financiación irregular del partido, acusa al Partido Popular de esa ciudad, como persona jurídica, de blanquear capitales de sus exmaltos cargos municipales y donantes.
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, además, señala a Rita Barberá como engranaje fundamental de esa supuesta trama de lavado y le ofrece declarar voluntariamente antes de enviar la pieza al Tribunal Supremo por su condición de aforada por ser senadora.
El magistrado dictó una providencia en la que emplaza al PP para que designe a un representante que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye a imputado) por ese delito de blanqueo de capitales.
La formación política pasa así a ser imputada, junto a otras 48 personas más (la mayoría excargos populares del consistorio valenciano) en el caso Taula, una pieza separada del denominado caso Imelsa’ en la que se investigan las irregularidades en las cuentas del PP poco antes de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2015.
Según fuentes judiciales, el representante legal del PP deberá explicar la maniobra en la que participaron decenas de concejales y empleados del grupo popular, quienes ingresaron mil euros cada uno en la cuenta del PP y, en paralelo, recibieron ese mismo dinero, en negro y en metálico, de unos fondos de origen desconocido, lo que supondría una clara operación de blanqueo.
Mejor explicarse antes
El instructor, que prorroga un mes más el secreto de la pieza principal sobre la supuesta financiación irregular pero alza la confidencialidad de esta pieza separada que afecta de lleno al PP de Barberá, ofrece a la ex alcaldesa, y al ex concejal Miquel Domínguez, hoy diputado autonómico, explicarse antes de enviar esta pieza al Supremo (instancia ante la que está aforada Barberá) y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (ante el que está aforado Domínguez.)
El juez recibió hace solo unos días un escrito de la Fiscalía en el que el Ministerio Público le instaba a elevar sendas exposiciones razonadas a ambos tribunales al entender que «existen indicios suficientes de la participación» de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales. El instructor está de acuerdo en que los escritos presentados por el fiscal «contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición», pero el instructor cree que todavía no está «agotada la investigación», como establece la doctrina del Supremo para aceptar las inhibiciones.
Por eso, Víctor Gómez ofrece la posibilidad a Barberá y a Domínguez de dar su versión para avanzar en la investigación y agotar todas las vías de las que dispone. «Cabe la posibilidad de que quisieran, ahora, declarar, es decir, suministrar información que podría ser valiosa o reveladora de hechos o circunstancias ignotos en este momento, y que podrían servir para aproximarnos a la verdad, que es el único interés y finalidad de toda instrucción judicial», arguye el magistrado.
En su resolución, el instructor deja claro que, de aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, ni la senadora ni el diputado autonómico (que tienen veinte días para decir si aceptan el ofrecimiento) serían preguntados por el juez porque al ser aforados no tendría competencia para interrogar. Eso sí, comparecerían ante el magistrado y el fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y «habiendo tenido conocimiento de las actuaciones».
El juez les otorga un plazo de veinte días para declarar si lo desean. Alternativamente a esta comparecencia voluntaria, el juez da la opción a ambos de un «escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos».