Los ‘gastos sociales’ ponen contra las cuerdas a Besteiro

mateo balín | madrid

Todas las operaciones anticorrupción tienen un origen y el denominado caso Pulpo, que provocó la dimisión del secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, fue una denuncia por acoso laboral contra su jefe de protocolo en la Diputación de Lugo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, cuyo apellido da nombre a la investigación.

En mayo de 2013, cinco empleados de la administración provincial lucense, cuatro mujeres y un hombre, dejaron un escrito en la puerta del portavoz del PP. Detallaron no sólo el supuesto acoso laboral de su jefe sino los presuntos indicios de malversación de caudales públicos y falsedad documental en la facturación de los gastos del llamado programa ‘Kilómetro cero’.

Se trata de un proyecto de promoción turística puesto en marcha en septiembre de 2008 por iniciativa de la Presidencia de la Diputación de Lugo, cuyo responsable último era Gómez Besteiro, que dirigió la institución entre 2007 y 2015. El citado ‘Km 0’ está enmarcado en el Programa Europeo Lugo 2, subvencionado en un 70% por los fondos de desarrollo rural, Feder. En su primera etapa figuró como gratuito y de forma posterior, en septiembre de 2011, pasó a ser de pago.

El precio de las tarifas para las rutas de transporte y las comidas de los visitantes en restaurantes de la zona fueron propuestos por el departamento de Fernández Pulpeiro, según el sumario de la operación. La razón fue que había que paliar el gasto del porcentaje que no se subvencionaba por los fondos europeos.

En suma, el jefe de Protocolo controlaba la caja a su merced; el destino de las partidas y su asignación. Aunque la UE obliga a que los pagos relacionados con dichas subvenciones se realicen por vía bancaria, lo cierto es que, según sospechan los investigadores, Fernández Pulpeiro abonaba gastos del programa «en efectivo» guardado «en una caja fuerte».

De este escenario derivaría la denuncia por acoso laboral de los funcionarios, que sigue instruyéndose, y las primeras pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional. Cerca de tres años de investigación que vieron la luz con el auto del 10 de marzo pasado de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara.

En los informes que la Udef ha entregado a la magistrada se concluye que «no se llega a comprender» cómo el presidente de la Diputación de Lugo y su núcleo cercano «consintieron la gestión de dinero público de forma tan arbitraria y dada a suspicacias, totalmente al margen del rigor de los procedimientos administrativos establecidos en la Ley de Contratos».

Por ejemplo, afirman que «no existe duda alguna de que todas las contrataciones analizadas han estado dirigidas y amañadas para que las empresas regentadas por Raúl López (presidente de transportes Monbus, investigado también por supuesto cohecho en los regalos a políticos gallegos, entre ellos botellas de vino por 1.400 euros a Gómez Besteiro) fuesen las adjudicatarias finales».

Los beneficiarios fueron en su mayoría la empresa Monforte S.A. y también Hemisfer Viajes S.L, lo que supuso que el grupo Monbus se llevase más de 850.000 euros. Los investigadores sospechan que para su concesión la Diputación fraccionó los contratos para no acudir al procedimiento negociado. Por ejemplo, una filial de Monbus recibió en enero de 2009 un contrato para rotular sus autobuses con la campaña ‘Kilómetro cero’ por 17.994 euros, seis euros menos del mínimo exigible para sacar la adjudicación a concurso.