El juez investiga cuatro posibles delitos de Arístegui

mateo balín | madrid

El ex embajador y ex dirigente del Partido Popular Gustavo de Arístegui acudirá el 6 de mayo a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigado por la supuesta trama de sobornos a funcionarios argelinos y pago de comisiones para la ejecución de obra por valor de 480 millones de euros en el país norteafricano.

Además de De Arístegui y otros 18 investigados, entre personas físicas y jurídicas que han sido citados entre el 28 de abril y el 10 de mayo, el juez ofreció al diputado Pedro Gómez de la Serna testificar por estos hechos, aunque dada su condición de aforado por ser parlamentario no le imputó delito alguno. En cualquier caso, le dio la posibilidad de explicarse antes de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano competente para investigarle. Una situación similar a la de la senadora Rita Barberá en el caso Imelsa, que instruye un juzgado de Valencia.

El 15 de diciembre De Arístegui presentó su dimisión como embajador de España en la India ante la «campaña de destrucción» contra él y para «no perjudicar» al Gobierno ni a Mariano Rajoy en plena campaña electoral. Casi cuatro meses después de aquello, el demoledor auto judicial deja muy tocado al que fuera responsable de Asuntos Exteriores del PP. Está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, corrupción en las transacciones económicas internacionales y pertenencia a organización o grupo criminal.

Por lo tanto, la denuncia de «ataques repugnantes» a su honor y su profesionalidad, tal y como explicó en una carta dirigida al ministro de Exteriores cuando se desvelaron los hechos, se ha evaporado tras conocerse ayer la resolución del juez José de la Mata.

De 52 años, se sospecha que la sociedad del ex diputado popular entre 2000 y 2011, llamada Karistia S. L., formaba parte de un entramado para «recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones por las gestiones». Por su parte, la mercantil de De la Serna, ex número dos del PP por Segovia y hoy en el Grupo Mixto, era Scardovi S. L.

En relación con el delito de integración en organización criminal, el magistrado explicó que existen indicios de que los querellados «se concertaron» para «apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores». Con respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, señala que de la investigación preliminar de la Fiscalía se deduce la existencia de «posibles pagos dinerarios» realizados a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra. El cohecho vendría condicionado por los pagos realizados por las empresas españolas a Gómez de la Serna y De Arístegui.

El delito de blanqueo se habría cometido, según su auto, tras la creación de una estructura internacional de sociedades pantalla.