La jueza que concedió el tercer grado a Carlos Fabra fue suspendida en el 2003

La jueza de vigilancia penitenciaria que este lunes decretó el tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra fue suspendida en sus funciones durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el 2003.

A la magistrado María del Prado Torrecilla se le sancionó por las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno a favor de la concesión del mismo privilegio al exbanquero Mario Conde, quien en esos momentos cumplía condena por el 'caso Banesto'. La fiscalía solicitó que la jueza fuera expulsada de la carrera judicial, petición que no fue aceptada.

Al ser superior a seis meses, la suspensión que se impuso a Torrecilla en el 2003 le supuso la pérdida de destino como jueza de vigilancia de Madrid, puesto que recuperó más tarde, una vez que concursó de nuevo a la plaza una vez cumplida la sanción.

La resolución que dictó este lunes en favor de Carlos Fabra se ha producido en contra del criterio de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado, por la que Fabra solo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión de Aranjuez, donde cumple desde diciembre del 2014 cuatro años de condena por fraude a Hacienda.

POR UNANIMIDAD

El CGPJ acordó la suspensión de Torrecilla por unanimidad. Según informó el entonces portavoz del CGPJ y actual magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, se la consideró responsable de una falta disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona "la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado".

Sin embargo, la sanción concreta de siete meses de suspensión fue aprobada por 10 votos contra los de otros nueve vocales, pertenecientes al sector progresista del órgano, que querían que fuera suspendida durante dos años, como proponía el instructor del expediente disciplinario, el magistrado Eduardo Calvo. Este juez pedía una segunda sanción de un año de suspensión por las supuestas presiones de Torrecilla al director de la cárcel de Alcalá-Meco, donde estaba recluido Conde. Esta segunda sanción fue rechazada por el Consejo.

TRATO ESPECIAL A CONDE

Según Calvo, Torrecilla intentó, "de modo consciente y voluntario", conseguir un trato favorable a Mario Conde después de que el Tribunal elevase su condena a 20 años de prisión. El informe del instructor consideró probado que la magistrada trató de modificar la distribución de centros penitenciarios para obtener la competencia sobre Alcalá-Meco; que tuvo conocimiento anticipado del recurso de Conde contra su clasificación en segundo grado y que tenía preparada de antemano una providencia cuyos términos suponían un elemento de presión al director de la prisión.

Torrecilla fue denunciada en diciembre del 2002 ante el CGPJ por la jueza de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid, Reyes Jimeno, quien había denegado el tercer grado penitenciario solicitado por Mario Conde, que cumplía entonces su condena de 18 de cárcel por los casos Banesto y Argentia Trust.