La campaña de la austeridad

Colpisa | Madrid

Las fuerzas políticas llevan semanas preparando las elecciones que, salvo milagro político de última hora, se celebrarán el 26 de junio. Todas dicen que va a buscar modelos de campaña más austeros que las del 20 de diciembre, con menor despliegue publicitario y mítines más reducidos. Un planteamiento con un doble objetivo, no abrumar más a un electorado cansado y enfadado por el fracaso en las negociaciones para formar gobierno, y no castigar más sus arcas ni a las de la administración.

Pero es probable que las buenas intenciones se queden en el papel y en el fragor de la batalla no reparen en gastos y esfuerzos, como suele ocurrir en cada convocatoria electoral, y vuelva el carrusel de actos políticos, buzoneo masivo de papeletas y bombardeo declarativo.

Gastos fijos

Por más que se quiera ahorrar, el Gobierno se va gastar de nuevo los 130 millones de euros que cuesta organizar los comicios, con el agravante de que estos no están presupuestados y habrá que recurrir a un crédito extraordinario. A ese dinero habrá que sumar las subvenciones a los partidos para la campaña, en torno a los 30 o 40 millones, que se pagan después de la votación y se distribuyen en función de los votos y escaños obtenidos. La tercera partida que deberá desembolsar la administración rondará los 20 millones para financiar a los partidos el ‘mailing’ o buzoneo de las papeletas en los domicilios de los electores. En total, de 180 a 190 millones. Todo eso sin contar los recursos propios de los partidos para la campaña y que obligan a las fuerzas políticas a endeudarse con créditos bancarios que si los resultados se ajustan a sus previsiones se pagan con las subvenciones públicas.

La nueva fiesta de la democracia, que dice el tópico, volverá a salir por un pico por la incapacidad demostrada de los líderes políticos para gestionar con éxito los resultados del 20-D.