CRISIS EN ATENAS
Huelga general de 48 horas en Grecia contra la reforma de las pensiones
Los sindicatos del sector público y privado convocan un paro completo en protesta por dos controvertidos proyectos de ley que el Parlamento debatirá este fin de semana
Exterior de una tienda en el barrio de Plaka, en el centro de Atenas, el 3 de mayo.
Los sindicatos griegos han convocado este jueves una huelga general de 48 horas a partir de mañana en protesta contra dos controvertidos proyectos de ley sobre las reformas de pensiones y fiscal que deberá debatir el Parlamento heleno en los próximos días.
"El Gobierno intenta tomar por sorpresa a la sociedad con la votación de las reformas de pensiones y fiscal durante el fin de semana", ha denunciado en un comunicado la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), el sindicato mayoritario del sector privado, que ha acusado al Ejecutivo de dar un "golpe parlamentario" y ha llamado a los trabajadores y jubilados a participar masivamente en las manifestaciones contra las reformas.
"Todo el mundo a la calle; las nuevas medidas contra los trabajadores y contra el pueblo del Gobierno y de los acreedores (UE y FMI) no pasarán", ha proclamado por su parte el poderoso sindicato de funcionarios, Adedy, calificando de "insoportables e injustos" los nuevos impuestos que prevén las reformas.
Los agricultores, que en enero y febrero ya bloquearon las carreteras griegas durante seis semanas, han anunciado que se sumarán a las protestas con una manifestación frente al Parlamento el próximo domingo. A su vez, el influyente sindicato de trabajadores de la marina mercante ampliará la huelga hasta dos días más, hasta las 06.00 del martes, durante los cuales no partirá ningún ferri de la Grecia continental hacia las islas.
TERCER PAQUETE DE RESCATE
La reforma que pretende aprobar el Gobierno forma parte del tercer paquete de rescate de Grecia, y con ella busca ahorrar 1.800 millones de euros anuales por las jubilaciones a través de recortes de las pensiones suplementarias e incrementos de las cotizaciones de trabajadores y patronos. Asimismo, instaura una pensión estatal de 384 euros al mes para los que hayan cotizado durante 20 años.
La reforma fiscal contempla incrementos del IRPF con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado por valor de otros 1.800 millones, mientras que otra ley, aún no presentada al Parlamento, prevé un incremento del IVA -del 23% al 24%- y de otros impuestos indirectos para ingresar al año 1.800 millones de euros más.