Acusan de corrupción a un diputado de Cifuentes

mateo balín | madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó ayer enviar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid con los indicios delictivos contra el diputado regional del PP Daniel Ortiz. El instructor del caso Púnica acusa al aforado de haber supuestamente favorecido a la multinacional energética Cofely en un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de Móstoles, la segunda ciudad más grande la comunidad.

En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis entiende que la conducta del aforado sería constitutiva de los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho. A lo largo de los 74 folios, el magistrado detalla los indicios recabados, entre ellos numerosa documentación, escuchas telefónicas, correos electrónicos y declaraciones policiales y judiciales.

En el caso de Móstoles, el juez señala que durante el mandato de Ortiz (2013-2014) «se han detectado presuntos actos de corrupción» en beneficio de Cofely «con un ánimo de lucro personal como contrapartida» en el que fue en su día regidor, además de concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y su hermano Mario Utrilla, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), «que se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en las negociaciones del cobro de dádivas».

Por parte de Cofely actuaron «activamente» responsables del Departamento Comercial, principalmente su director Constantino Álvarez, el responsable de Mercado Público Pedro García Pérez, así como personal del Departamento de Operaciones y el director general de la compañía en España, Mauricio Didier.

Participó también David Marjaliza, ‘mano derecha’ de Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid en prisión incondicional. Lo hizo como asesor comercial externo de la empresa, como conseguidor del contrato, como intermediario con los mencionados cargos públicos municipales en la obtención de informaciones reservadas e incluso como financiador, adelantando los primeros pagos de comisiones, objeto luego de reembolso, tal y como él confesó en el juzgado.

Ortiz, según el juez, recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, «prevaliéndose de su posición como alcalde», especialmente sobre el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, llegando incluso a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.

Las irregularidades se hicieron a cambio de cantidades a repartir entre los políticos, 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros, «como reconocimiento a su ayuda». El dinero salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al ayuntamiento por conceptos como una simulada auditoría.

Tras conocer los hechos, la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes aseguró ayer que si el Tribunal Superior imputa a Ortiz «habrá dimisión». Por su parte, el portavoz regional del partido que la sostiene por un solo diputado, Ciudadanos, espera que le expulse «inmediatamente» si acaba siendo investigado. «Si no lo hiciera, nos plantearíamos romper el acuerdo», avanzó.