La Generalitat exige no prohibir las esteladas en la final de Copa

r. gorriarán | madrid

La Generalitat se ha tomado la prohibición de exhibir banderas independentistas catalanas como un agravio superior a cualquier otra medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy contra el proceso secesionista. El Gobierno de Carles Puigdemont ha exigido una rectificación inmediata mientras en La Moncloa despejan balones con el argumento de que la prohibición de las esteladas escapa a sus competencias.

Lo que parecía una controversia jurídico-deportiva ha derivado en un nuevo y redoblado pulso entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la Generalitat. Todas las fuerzas políticas se han visto envueltas en un debate político de primera magnitud entre quienes consideran que la medida adoptada por la Delegación del Gobierno en Madrid se ajusta a la legalidad y quienes creen que vulnera la libertad de expresión, además de ser una afrenta al sentir de Cataluña. El conflicto puede quedar zanjado hoy si el juez resuelve los recursos presentados por el Fútbol Club Barcelona y la asociación de juristas soberanistas Drets, pero restañar las heridas y superar los agravios llevará más tiempo.

La impugnación del Barça fue presentada ayer en un juzgado ordinario de Madrid y alega que la prohibición vulnera «el derecho fundamental a la libertad de expresión» y sostiene que la medida carece de fundamento porque «presupone una voluntad ofensiva en la exhibición de banderas esteladas». El escrito de la asociación de juristas catalanistas va por la misma senda jurídica y arguye que es una «restricción inmotivada, injustificada y desproporcionada», además de «una censura previa». El titular del juzgado de instrucción número 11 de Madrid tiene previsto resolver este viernes ambos recursos y decidirá si levanta la prohibición.

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, se reafirmó entretanto en su planteamiento porque la estelada «representa al independentismo, no representa a todos los catalanes y puede generar tensiones».

Sus palabras fueron apuntaladas desde el Gobierno por los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores. Rafael Catalá señaló que no es más que una aplicación de la ley llena de «racionalidad y sensatez». Para José Manuel García-Margallo es «perfecto». La bandera de Cataluña, prosiguió, es la senyera «y se puede ondear sin el menor problema».

El presidente del Gobierno no quiso terciar en el debate, y en una conversación informal en Palma de Mallorca con periodistas se lavó las manos porque el asunto, dijo, no es competencia suya.

Pero si en Madrid hay cierto revuelo, en Cataluña se desató un incendio. El consejero de Interior, Jordi Jané, reclamó «una rectificación» porque la medida, al margen de las consideraciones políticas, es desproporcionada desde el punto de vista jurídico. La portavoz y consejera de Presidencia, Neus Munté, habló de resolución «arbitraria e injusta». El Gobierno catalán, según la portavoz, está «indignado» y su presidente no irá al estadio Vicente Calderón a ver la final, al igual que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Entre las fuerzas independentistas ganaba terreno a medida que pasaban las horas la tesis de boicotear el partido del Barça y el Sevilla. «Tal vez lo más digno sería no ir, no jugar el partido», planteó el diputado de Esquerra, Joan Tardá. Posibilidad que el F. C. Barcelona ha descartado y garantizó que sus once jugadores estarán en el césped del Calderón. Los que igual no viajan a Madrid son los directivos del Barça.