La UCO ve una posible relación del presidente de Murcia con la Púnica
Fueron ofertas de trabajo que el ‘conseguidor’ de la red hizo a Sánchez como consejero.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. MARCIAL GUILLÉN
m. balín | madrid
La investigación de la trama Púnica, la red de tráfico de influencias que afecta a administraciones municipales y regionales de Madrid, Valencia, León y Murcia, ha abierto un nuevo frente en el PP en plena precampaña electoral. Un informe de la Guardia Civil remitido hace pocas semanas al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso salpica al presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, y a su compañera la senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, según aseguraron fuentes jurídicas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de las pesquisas, apunta a las conexiones entre uno de los principales investigados en Púnica, Alejandro de Pedro, cuyas empresas se dedicaban entre otros menesteres a mejorar la imagen de sus clientes en Internet, y el presidente murciano, que mantuvo el gobierno regional en manos del PP en los comicios de hace un año pese a perder la mayoría absoluta.
El informe de la UCO se refiere a las presuntas responsabilidades penales de Sánchez y Barreiro por los servicios dados por Madiva, mercantil de De Pedro, en 2014, cuando el primero era consejero de Educación y la segunda alcaldesa de Cartagena. Unos hechos que, a la espera de que se pronuncien primero las fiscales anticorrupción y luego el juez del caso, Eloy Velasco, se enmarcarían en presunta malversación de caudales públicos y fraude a la administración, entre otros delitos. En cualquier caso, al tratarse de aforados la calificación de los hechos recaería en el Supremo, en el caso de Barreiro, y en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, con Sánchez, en caso de que el juez aprecie indicios delictivos.
El asunto que se dirime es que esos contratos, más allá de que se acabaran ejecutando o no, fueron abonados con dinero público cuando el pago debió asumirlo el PP regional. Una situación parecida a la que en Madrid acabó con la carrera política de los ex consejeros populares Salvador Victoria y Lucía Figar.
Como adelantó el diario murciano La Verdad , el informe de la UCO ya está en manos de las fiscales e incorpora la información que Velasco requirió recientemente al PP regional, al PP de Cartagena, al ayuntamiento, a la Consejería de Educación y a la Agencia Tributaria. El documento detalla un análisis exhaustivo de todos los datos existentes en la causa sobre las ofertas que De Pedro realizó en su día a los dos dirigentes.
El presidente murciano siempre ha sostenido que rechazó la propuesta, mientras que la senadora ha admitido que recibió en 2010 la primera oferta para contratar servicios con Eico, empresa de De Pedro, al objeto de trabajar sobre la «identidad y la reputación ‘online’» de la ex alcaldesa. Fue justo antes de los comicios municipales de 2011, pero la idea fue rechazada al «no considerarse adecuada». No obstante, de forma posterior hubo nuevas propuestas sobre «posicionamiento web» y una fructificó en 2014.
Se trató de un contrato para la promoción de la exposición del tesoro de la fragata Mercedes y de las fiestas de ‘Carthagineses y Romanos’ en soportes de publicaciones web gestionadas por De Pedro. El Ayuntamiento de Cartagena hizo un primer pago de unos 800 euros de un total de 3.200 (más IVA), pero bloqueó los siguientes al tener noticias, a finales de octubre de 2014, del comienzo de la investigación y las detenciones de De Pedro y de José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena.