La Audiencia Nacional se queda con el caso del dinero de los Pujol en Andorra
efe | madrid
La Audiencia Nacional ha decidido quedarse con el caso contra la familia Pujol por el dinero que ocultaba en Andorra, ya que al situar los presuntos delitos en el Principado es el tribunal competente para investigarlos.
Así lo ha decidido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha rechazado un recurso de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, en contra de la decisión el pasado diciembre del juez de este tribunal José de la Mata de aceptar la competencia para investigar el caso, que hasta ese momento lo llevaba un juzgado de Barcelona.
Según la sección tercera, la Audiencia es la competente para investigar los posibles delitos de la familia Pujol (blanqueo, asociación ilícita, delito fiscal y corrupción entre particulares) porque considera que el grueso de la actividad delictiva se cometió en Andorra, «sin perjuicio de que los fondos tuvieren su origen primario en España».
Es en el Principado, dice el tribunal siguiendo los criterios de la Fiscalía, donde la familia ocultaba los fondos de procedencia dudosa (el expresidente Pujol alegó que eran de una herencia pero los investigadores sospechan que provenían de comisiones ilegales), y luego el primogénito los repartía entre los hermanos Pujol en sus cuentas también de Andorra.
«Asociación ilícita»
Así, la familia Pujol constituía «una asociación ilícita organizada en Andorra, mantenida en el tiempo, y que tenía como finalidad la ocultación y el posterior afloramiento de fondos de origen desconocido mediante la constitución, entre otros medios, de fundaciones con personas interpuestas para dar opacidad sobre la verdadera titularidad de aquellos», añade. «Las cuentas bancarias se abrieron en Andorra, los ingresos de dinero, ocultando su origen, se realizan mediante ingresos en efectivo, las disposiciones se hacen también en efectivo, figuran apuntes en esas cuentas que desde el punto de vista bancario corresponden a operaciones de compensación», detalla el tribunal reproduciendo los argumentos del fiscal. Esta última maniobra, agrega, perseguía «disponer de los fondos manteniendo su opacidad, pero consiguiendo así su objetivo: el disfrute de los mismos».