El ministro del Interior se prepara para una investigación parlamentaria
Le preguntarán por el uso de los servicios de información para espiar o desacreditar a la oposición.
m. sáiz-pardo | madrid
Si la actual legislatura termina por cuajar, el nuevo periodo de sesiones va a tener un nombre propio: Jorge Fernández Díaz. Y no porque el ministro del Interior en funciones vaya a seguir en el cargo (de hecho en su departamento todos dan por seguro que su «sacrificio» será una de las primeras exigencias para cerrar un acuerdo de investidura). Sino porque ya hay un preacuerdo entre casi todos los grupos de oposición -solo Ciudadanos expresa matices- para poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso sin precedentes y de gran alcance sobre la guerra sucia de la ‘policía política’ del equipo de Fernández Díaz durante los últimos cinco años.
Fuentes del Grupo Socialista, de Podemos y de los grupos catalanes y vasco en la cámara han confirmado en los últimos días que existe «sintonía» para promover una investigación que vaya «mucho más allá» de las conversaciones que mantuvieron en octubre de 2014 el propio Fernández y el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso para conspirar contra políticos soberanistas. La oposición -no ocultan algunos de los diputados que promueven esta comisión- quiere una suerte de ‘Watergate’ a la española. O sea, una profunda investigación parlamentaria como a la que se enfrentó Richard Nixon en el Senado de Estados Unidos en 1973 y que terminó con su dimisión en 1974. Y exactamente por los mismos motivos que le costaron el cargo al expresidente republicano: usar los servicios de información del Estado para espiar o intentar desacreditar a los enemigos políticos. Y no solo a los partidos independentistas catalanes.
Al PSOE, promotor de esta gran investigación, le salen ya las cuentas, según fuentes del partido. Creen contar, al menos, con el apoyo de 175 diputados frente a los 137 del PP: los suyos propios, los de Podemos y sus confluencias, los de los dos partidos catalanes y los Bildu. No haría falta -explican- ni siquiera la votación a favor de Ciudadanos, PNV o Coalición Canaria. En el PSOE dan por descontado que la formación de Rivera y los nacionalistas vascos nunca votarán con los populares para frenar una investigación así. Es más, no descartan que ambas formaciones terminen por apoyarla de forma expresa. Ciudadanos, por el momento, quiere escuchar en sede parlamentaria las explicaciones de Fernández sobre sus encuentros con el ya exdirector de la OAC y, luego, a la vista de su versión, apoyar o no esa comisión.
La hoja de ruta de los socialistas -y que comparten en el seno de Podemos- apunta a una comisión de unos tres meses. Muchas sesiones porque los temas a tratar van a ser muchos y divididos en bloques.