El PP tirará de vías legales para no votar en Navidad si Rajoy fracasa

nuria vega | madrid

Puede que ninguna formación política tenga que cargar con la responsabilidad y el coste de haber llevado a los españoles a votar el día de Navidad. En los despachos de la Moncloa, donde se gestó la fecha de la investidura a sabiendas de lo que implicaba un fracaso, se contemplan fórmulas legales que evitarían convocar las terceras elecciones el 25 de diciembre. Si en los dos meses de plazo desde el primer intento de Mariano Rajoy de ser reelegido hasta la disolución de las Cortes, el 31 de agosto, los partidos no logran fraguar un pacto suficiente que garantice la designación del próximo presidente del Gobierno, en el PP apuntan a una reforma consensuada de la ley electoral que permita adelantar los comicios una o dos semanas.

Ese es el texto legal que marca los tiempos desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas. En su articulado recoge, por ejemplo, que las candidaturas que concurren a los comicios tendrán que presentarse ante la junta electoral competente entre el decimoquinto y vigésimo día, o que la campaña arranca en la jornada trigésimo octava y que «dura quince días».

Algunos de estos plazos, a juicio de los populares, serían susceptibles de ser revisados en caso de que un enquistamiento de las posiciones políticas desemboque en un nuevo fracaso de la negociación. Según este planteamiento, podrían arañarse tiempos de uno u otro artículo para que los comicios tuvieran lugar el 18 de diciembre o incluso el 11 de ese mismo mes. Ahora bien, el PP anticipa que la reforma de la ley debería contar con el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria y la connivencia de las principales formaciones, y llevarse a cabo antes de que las Cortes queden disueltas definitivamente el 1 de noviembre. Es «factible», aseguran, pese a que confían en que no sea necesario.

Llegado el caso, la urgencia de tener que recurrir a esta fórmula un tanto enrevesada para resolver el entuerto habría tenido como origen una motivación meramente política. En el partido conservador pocos ocultan en privado que optar por la controvertida fecha del 30 agosto para el debate de investidura tuvo como objetivo presionar al PSOE y colocar a Pedro Sánchez en la tesitura de escoger entre facilitar un gobierno del PP u obligar a los españoles a reflexionar sobre su voto en Nochebuena.

Imagen diligente

Además, los escasos doce días de margen que se ha dado Rajoy para negociar con Ciudadanos, han permitido al presidente ofrecer una imagen de diligencia, pese a los dos meses transcurridos desde que se celebraron las elecciones, y sostener el discurso de la prisa en formar gobierno cuando Bruselas exige a España presentar antes del 15 de octubre unos presupuestos que incluyan un ajuste de hasta 15.000 millones de euros en el peor escenario. A partir de ahí, si su plan se frustra, el PP coloca la carga de la responsabilidad en el tejado de los socialistas.

Cada movimiento engarza de hecho, en una estrategia para forzar al PSOE a abrir un debate interno y permitir que se pueda constituir un ejecutivo cuanto antes. Una táctica que, por ahora, no ha dado resultados y que, en algunos momentos, ha llegado a generar tal tensión que fuentes de la confianza de Pedro Sánchez reprochan el «poco margen de maniobra» que se deja a su secretario general para un hipotético viraje del ‘no’ a la abstención. Una transición que, hoy por hoy, el PP no cree que el líder del PSOE quiera recorrer.