Los planes sociales y laborales precisan de 28.500 millones para cuatro años
Para 2017 el montante es de 5.000 M€, de los cuales el complemento salarial absorbe 1.300.
colpisa/ r.g. | madrid
El acuerdo entre PP y Ciudadanos incluye medidas de carácter laboral y social cuya implantación tendría un coste de 28.500 millones en cuatro años (sólo en 2017 el incremento sería de 5.000 millones), según consta en la dotación presupuestaria que recoge el documento y que fue una exigencia del partido liderado por Albert Rivera.
Ese mayor gasto sería compensado con un aumento de los ingresos de 22.000 millones hasta 2020 obtenidos por la supresión de deducciones en el Impuesto de Sociedades, un refuerzo de la lucha contra el fraude y recuperar parte de la no tributación de la amnistía fiscal —Ciudadanos la estimó en 2.800 millones, pero queda reducida a menos de 1.000 millones—.
Al mismo tiempo, el pacto recoge un ahorro de 7.000 millones por recortes de la administración, principalmente empresas públicas y diputaciones. Eso sí, este aumento del gasto tiene un importante corsé: cumplir el déficit comprometido con Bruselas. Y es que el propio acuerdo explica que estas partidas «se adoptarán respetando la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria».
La implantación del complemento salarial garantizado, una de las propuesta estrella de la formación liberal, será la medida con mayor coste, hasta 1.300 millones en 2017 y 7.600 millones en toda la legislatura. Se trataría de un impuesto negativo —una bonificación del Estado a través del IRPF— para los trabajadores con menores ingresos.
El acuerdo también incluye reforzar el plan contra la pobreza infantil con 1.000 millones anuales y elevar la dotación del sistema de dependencia en 440 millones al año.
«Cumplir el déficit»
En el ámbito impositivo, además de reducir las deducciones en Sociedades, también se mantiene la rebaja de dos puntos del IRPF que prometió el PP en su programa electoral. Pero una vez más, la medida está condicionada a que España rebaje el déficit del 3%, algo que, si se cumplen las previsiones no sería hasta finales de 2018.
En el ámbito laboral, se contempla reforzar el programa de activación para el empleo con 500 millones cada ejercicio hasta 2020. Además, se reducen los tipos de contratos a tres: uno indefinido, otro de «protección creciente» para empleos temporales —la duración máxima será de dos años y tendrá una indemnización creciente— y el tercer tipo sería un contrato para la formación. En cuanto a las pensiones, se comprometen a su sostenibilidad, pero no recogen la opción de financiarse con un impuesto.
