La Junta pide cárcel para un exconsejero por los ERE

cecilia cuerdo | sevilla

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía mantienen que no hubo una decisión política para dar las ayudas a empresarios afines en el caso de los ERE fraudulentos, de ahí que pidan archivar la denominada pieza politica que afecta a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 exaltos cargos.

Sin embargo, la abogacía de la Junta de Andalucía sí estima el papel que pudieron jugar otros dirigentes públicos en la concesión de determinadas ayudas. Por este motivo, solicita por vez primera una condena de cárcel para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández por su participación en una ayuda a una empresa sevillana en la que se detectaron ‘intrusos’.

Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, aunque antes fue viceconsejero del mismo departamento y uno de los firmantes del convenio marco que, desde 2001, amparó la forma de pagar ayudas mediante transferencias de financiación, la fórmula que permitía eludir los controles y actuar con total discrecionalidad.

Gaditano de nacimiento, durante mucho tiempo fue considerado uno de los pesos pesados del socialismo andaluz dentro del ejecutivo, y el encargado de extinguir cualquier conato de rebelión laboral que perturbara la paz social en Andalucía. La fórmula para apagar esos fuegos, entiende el juzgado, era con ayudas públicas.