Los diputados no acuerdan una declaración sobre el fin de ETA

m. e. alonso | madrid

Cinco años después de que ETA anunciara el «cese definitivo» de la violencia terrorista, los desencuentros en torno a la naturaleza de la actividad de la banda y a su disolución incondicional hicieron imposible que el Congreso aprobase ayer una declaración institucional con motivo de la efeméride.

La iniciativa, promovida desde las filas socialistas y que contó con Eduardo Madina como interlocutor entre los partidos, obtuvo el respaldo de todos las formaciones a excepción de Bildu y del PP. El borrador manifestaba la «satisfacción por un presente de convivencia en el recuerdo y homenaje a todas las víctimas del terrorismo». Además, afirmaba el compromiso en un futuro donde las ideas políticas «puedan seguir defendiéndose en libertad y en el respeto a los principios democráticos, y en el que ETA culmine su disolución».

Pero las discrepancias entre los independentistas vascos y los populares frustaron el plan. Bildu exigía una terminología más amplia, que incluyera a «todas las víctimas», sin que se mencionara únicamente a las del terrorismo, y el PP veía el texto insuficiente. Su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, defendió la necesidad de que la petición de disolución que la declaración dirigía a ETA incluyese el adjetivo «incondicional», reflejase el desarme de la banda y proclamase «la victoria del Estado de derecho».