El PSOE negociará el techo de gasto pero no apoyará los presupuestos

p. de las heras | madrid

El desgaste interno por allanar la investidura a Mariano Rajoy ya está asumido, pero el PSOE huye ahora de cualquier gesto que permita a sus rivales, especialmente a Podemos, seguir colgándole la etiqueta de palanganero. El portavoz parlamentario de la formación, Antonio Hernando, aseguró ayer que su objetivo en esta legislatura será «revertir algunas de las políticas más dañinas» del PP y puso como ejemplo la iniciativa para paralizar la ley de educación que ya ha empezado a tramitarse en el Congreso. Sin embargo, los dos partidos mayoritarios hablarán de muchas cosas. Y una de ellas es el techo de gasto, el primer escalón para los presupuestos.

Los socialistas repiten una y otra vez que en ningún caso respaldarán las cuentas públicas. No quieren que el Gobierno caiga en la tentación de hacer descansar en ellos su propia estabilidad y que escatime esfuerzos en la negociación con otros grupos minando así su condición de primera fuerza de la oposición. Pero el marco a partir del cuál se elaboran esas cuentas es harina de otro costal, porque afecta al conjunto de las administraciones públicas y tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos socialistas les interesa que se ajuste a sus necesidades.

Hernando confirmó que su partido está dispuesto a sentarse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para intentar llegar a un acuerdo sobre el cuadro macroeconómico, aunque no anticipó cuál puede ser el resultado. En su ánimo está que el Ejecutivo acceda a conceder un mayor margen de déficit a las autonomías, de manera que puedan terminar 2017 con la misma desviación sobre el PIB que en 2016, un 0,7% -en lugar que el 0,5% que manejaba Montoro después de que la Comisión Europea suavizara los objetivos este verano- o un 0,6% si el otro 0,1% sirve para intentar cubrir el agujero de la Seguridad Social y no lo ‘aprovecha’ la Administración central.

Los socialistas defienden que son las comunidades las que llevan a cabo las políticas más sociales (sanidad, educación, servicios asistenciales) y que ahora es momento de contribuir a su desarrollo. También quieren que Hacienda sea flexible en la aplicación de la regla de gasto con los ayuntamientos y reclama que permita dedicar el superávit, a aquellos que sean capaces de lograrlo, a la prestación de servicios y no obligatoriamente a la amortización de deuda.

El presidente del grupo socialista reiteró, aún así, que su partido no acompañará al Ejecutivo en el siguiente escalón de las cuentas públicas. «De los Presupuestos Generales del Estado ni estamos hablando ni vamos a hablar porque su apoyo es imposible», anticipó. El PP reprocha esta posición «apriorística», pero el Gobierno no parece querer tensar la cuerda; al menos, de momento. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha puesto en contacto ya con la mayoría de los portavoces parlamenarios pero, por ahora, ha dejado fuera a Hernando.

Reunión física como tal sólo ha habido con el representante del PNV, Aitor Esteban, y con el de Podemos, Íñigo Errejón, el pasado jueves en La Moncloa. La número dos del Ejecutivo se reunió ayer con Esteban en la Cámara baja durante alrededor de una hora para tomar la temperatura a un posible entendimiento, sin que se produjera avance alguno. «Ha sido -dijo- una primera aproximación».

El nacionalista remarcó que pese al tono «amable» hubo en la cita poca concreción e insistió en que, si quiere su apoyo, el Gobierno tendrá que demostrar un «cambio de actitud». Rajoy, desde la ciudad de Marrakech, se mostró aún así confiado en la voluntad de diálogo de «todos», los nacionalistas vascos y el resto de partidos, para que esta legislatura «complicada» llegue a buen puerto. «De momento -afirmó- estoy tranquilo y realistamente optimista».