El PSOE propone impulsar la Memoria Histórica con una comisión de la verdad
El abogado que logró la primera exhumación del Valle de los Caídos inicia una ILP. Necesita 500.000 firmas para reactivar la ley socialista que cumple 10 años
El Valle de los Caídos, en el valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo del Escorial (Madrid).
La Ley de Memoria Histórica cumplirá 10 años en 2017 y no son pocos los que consideran que es el momento de revitalizarla. El PSOEle quiere dar un nuevo impulso presentando nuevas iniciativas parlamentarias que, entre otras cosas, pretenden promover la creación de una comisión de la Verdad, así como recuperar y reforzar la dotación de partidas presupuestarias para desenterrar las fosas. Y el abogado que logró la exhumación de dos represaliados por el franquismo del Valle de los Caídos, Eduardo Ranz, ha registrado una iniciativa legislativa popular el primer día de la legislatura para reformar y tratar de conseguir que las familias puedan enterrar a sus seres queridos, como derecho.
El PSOE quiere fomentar en el sistema educativo los contenidos de los trabajos realizados a favor de la memoria histórica y asegurar el cumplimiento de la ley en materia de símbolos franquistas en instituciones y lugares públicos, todas ellas, medidas recogidas en el programa electoral del PSOE, según explicó este jueves el responsable de Justicia y Libertades Públicas de la comisión gestora del PSOE, Francesc Antich, tras presidir una reunión del grupo federal de Memoria Histórica.
Este grupo, que cuenta con la participación de expertos, representantes de asociaciones memorialistas y cargos institucionales responsables de las políticas de memoria histórica, ha valorado las iniciativas realizadas por los ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PSOE en las que se han impulsado las políticas de memoria histórica. Entre ellas, destaca la Ley de Fosas aprobada en 2016 por el Gobierno de Baleares, el proyecto de ley de memoria democrática que se debate actualmente en el Parlamento de Andalucía y el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentado recientemente por el Gobierno valenciano, como "iniciativas que demuestran, con hechos, el compromiso constante de los socialistas con la recuperación de la dignidad de las víctimas", señaló Antich, según Europa Press.
"PLANTEAMOS UNA SOLUCIÓN"
La iniciativa popular "El último paso" se registró el pasado 31 de octubre, fecha que propone establecer como "homenaje a todas las víctimas sin apellidos", por ser el día que se aprobó la Constitución. Es la primera IPL registrada en el Congreso esta legislatura. A juicio de Ranz, "España está avanzada en según qué leyes, pero en materia de derechos humanos, memoria histórica y en cerrar heridas no y eso es incompatible con lo que se espera de una democracia, por lo que planteamos una solución".
Para tener éxito necesitan recoger 500.000 firmas, que empezarán a recabar en cuanto la Junta Electoral permita la firma digital en la web en la que darán a conocer la iniciativa con la que se pretende "la exhumación en suelo público y privado, regularizando el personal a pie de fosa". También solicita el pleno acceso a archivos tantos militares como parroquiales, "en ejercicio de transparencia y verdad". También se propone que los procedimientos puedan ser iniciados por familiares de hasta cuarto grado y no sólo hasta el segundo, como establece la ley actualmente.
Aboga por la retirada de símbolo de exaltación franquista en ayuntamientos, arzobispados y cementerios, con sanciones para los casos de incumplimiento, y propone incluir una mención especial sobre las persecuciones homófobas y otra similar en perspectiva de género por las paseadas y rapadas.
La iniciativa, que ha sido remitido al Senado, donde ERC presentó el pasado 25 de noviembre una proposición no de ley también encaminada a modificar la ley de Memoria Histórica, también planteaba, aunque tuvo que retirarlo, la regulación del delito de desaparición forzada como delito autónomo e imprescriptible, la elaboración de un plan educativo e incluir una partida de memoria histórica en los presupuestos generales del Estado.