Las diferencias entre los partidos frenan la comisión anticorrupción

melchor sáiz-pardo | madrid

Estaba llamado a ser el órgano estrella de esta legislatura en el Congreso de los Diputados. En principio, acuerdo absoluto entre todos los grupos para darle un impulso decisivo. ¿Qué partido iba a poner palos entre las ruedas a una comisión anticorrupción? Pero la realidad, fuera de los focos y las declaraciones, está siendo tozuda. Nueve meses después de que el Pleno del Congreso aprobara el nacimiento de la ‘Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales’ y casi dos meses y medio después de que la Cámara baja volviera a dar luz verde el pasado 28 de septiembre a la tan cacareada comisión, la institución no solo no se ha reunido una sola vez, sino que no hay siquiera una agenda consensuada para empezar a trabajar.

Así las cosas, la comisión no echará andar antes de 2017, tal y como confirman diferentes fuentes parlamentarias, que insisten en que los diputados ni siquiera hasta el momento se han puesto de acuerdo ni en los temas a tratar ni en la forma en cómo abordarlos. El difuso y amplísimo objeto de la comisión desde luego no ha servido para que los parlamentarios se centren, pero la bronca en cada reunión hace todavía más difícil fijar una ‘hoja de ruta’.

El presidente de la comisión, Toni Cantó (de Ciudadanos) propuso trabajar en forma de subcomisiones para intentar sistematizar el desafío. Cantó planteó una suerte de grupos de tareas a puerta cerrada y con la intervención de expertos. Esas subcomisiones trabajarían seis meses. Luego presentarían sus conclusiones a la comisión para su aprobación y, en su caso, remisión al Pleno.

Los primeros encuentros entre los miembros de la Mesa y los portavoces ya dejaron claro que no iba a ser fácil consensuar por dónde empezar a hincarle el diente a la ingente tarea. Pero el precario acuerdo saltó por los aires el viernes 25 de noviembre cuando el Consejo de Ministros acordó dos proyectos de ley para trasponer sendas directivas europeas sobre contratación pública. Cantó propuso a los diputados suprimir el tema de la contratación pública por otro y a principio de mes se crearon los frentes que por ahora mantienen empantanado todo. De un lado están el PSOE, Unidos Podemos y los grupos minoritarios de la cámara. Este frente quiere a toda costa que el tema que entre en la subcomisión para sustituir la contratación sea el sistema de nombramientos de los órganos reguladores y constitucionales.

El PP se niega, por el momento, en redondo a entrar en ese debate y, con el apoyo de Ciudadanos, quiere abrir el melón de la financiación de los partidos, una cuestión que el resto de las fuerzas políticas querría abordar de manera monográfica.

Pero el lío de esta comisión no acaba ahí. Aunque sus miembros creen que la única forma de funcionar es a base de subcomisiones, el propio Congreso no lo ve así. Los órganos de gobierno de la Cámara baja han puesto coto a la avalancha de peticiones de crear subcomisiones. Por el momento solo hay aprobadas ocho y ninguna para la comisión de anticorrupción.

Toni Cantó aspira a desbloquear esta situación antes de finales de año y, si no hay acuerdo, someter la agenda y los temas de estudio a votación. En ese caso, Socialistas, Podemos y minoritarios tendrían mayoría para imponer su criterio, pero esta votación supondría una nueva derrota parlamentaria del PP y haría desmoronarse la imagen de unidad de todos los partidos en la lucha contra corrupción que pretende ofrecer la comisión.

Por ahora la comisión se parece «bastante más a un campo de batalla parlamentario» que a un «grupo de trabajo de consenso» para impulsar urgentes reformas legales para la regeneración democrática.