El diálogo pone a prueba la fortaleza independentista

c. reino | barcelona

¿Llega tarde la oferta de diálogo lanzada por el Gobierno central a la Generalitat para tratar de contrarrestar el proceso independentista? Hay respuestas para todos los gustos. Los más convencidos de la causa nacionalista creen que la secesión es imparable y está a la vuelta de la esquina (septiembre de 2017). Hay quien apunta que hasta la celebración del referéndum siempre habrá margen y que por primera vez en muchos años se ha abierto una vía posibilista para afrontar asuntos como el modelo de Estado y el encaje de Cataluña. Y también están los que consideran que el tiempo apremia y que, si hay algo que negociar, tiene que hacerse en dos o tres meses, antes de que arranque el juicio del 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Si un juez inhabilitara al expresidente de la Generalitat y a sus dos exconsejeras, y a la espera de cómo acaba el proceso penal contra Carme Forcadell, el diálogo sería ya muy complicado.

Lo que está por ver es si la oferta del Gobierno central es seria y va acompañada de contenido o es una mera jugada coyuntural para tratar de escenificar que el nuevo Ejecutivo central, tras perder la mayoría absoluta, tiene otra actitud.

Aún asumiendo la dificultad del momento, también hay quien considera que si la llamada ‘operación diálogo’ es estratégica y va acompañada de una intención negociadora para llegar a acuerdos, aunque se excluya el referéndum, el independentismo puede tener más de un quebradero de cabeza. En primer lugar porque la oferta le ha cogido a la Generalitat con el pie cambiado. Por primera vez en mucho tiempo se le desarma el argumento -muy empleado cuando sale al exterior- de que Madrid es un muro y no quiere sentarse a hablar. Y, además, porque la posibilidad de un deshielo entre Madrid y Barcelona puede desencadenar cierta desmovilización en el independentismo y porque pueden aflorar las contradicciones internas en el movimiento secesionista.

Los expertos coinciden en que el margen de maniobra es muy estrecho. «El conflicto no va a resolverse en un despacho. Un acuerdo por arriba, sin referéndum, haría estallar la calle», avisa el profesor Salvador Cardús. Esta es una de las claves del pleito catalán. Carles Puigdemont apenas puede moverse, al menos hasta que se voten los presupuestos en febrero. Y así se lo hizo saber al Gobierno al convocar la cumbre del referéndum, el día después de que Sáenz de Santamaría estrenara despacho en Barcelona. La CUP tiene el control de la gobernabilidad y le advierte una y otra vez con retirarle el apoyo parlamentario, sobre todo en el caso de los presupuestos, lo que le obligaría a convocar elecciones.