El independentismo advierte de lo ‘peligroso’ de condenar a Forcadell
La presidenta de la Cámara considera que su causa penal es un ataque a la democracia.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, saluda a los asistentes antes de entrar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ALEJANDRO GARCÍA
c. reino | barcelona
El independentismo aparcó ayer por unas horas sus peleas y volvió a exhibir músculo y capacidad de movilización para arropar a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, que declaró como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Forcadell podría enfrentarse a una pena de inhabilitación por los delitos de desobediencia y prevaricación y de ser así, según coincidieron buena parte de los dirigentes secesionistas, supondría el punto de no retorno para el proceso de desconexión de Cataluña de España. Sería, añadieron, la gota que necesita el independentismo para que se colme el vaso y se precipite el choque de trenes, que, según sus cálculos, obligaría al Estado central a negociar los términos de la separación.
Tras su comparecencia, Forcadell afirmó que no contempla la condena porque «sería un ataque tan grave, que es inconcebible». El choque de trenes llegaría en forma de desacato a la sentencia por parte de la presidenta del Parlament. Carles Puigdemont fue claro y ante la pregunta de si la presidenta de la Cámara debería seguir en su puesto en caso de condena la respuesta fue afirmativa: «Es evidente que será la presidenta que ha elegido el pueblo». Xavier Trias, hasta hace poco un moderado dirigente de la antigua Convergència, fue mucho más contundente y apostó por plantarse, desobedecer y que Forcadell entre en la Cámara, presida un pleno y que «venga a por ella la Guardia Civil».
El caso es que el independentismo suspira por que si hay condena, se produzca a lo largo de 2017 porque le serviría como combustible de alto octanaje para movilizar a los suyos de cara al posible referéndum de septiembre de 2017 o en su defecto para las elecciones que pudieran sustituir a la consulta soberanista.
Se trata de la primera vez que el presidente de un Parlamento catalán es investigado en una causa penal, y la primera vez que tiene que comparecer en un juzgado. El secesionismo no desaprovechó semejante oportunidad para tratar de aumentar la masa social que apoya la ruptura, antes de que lleguen las citas de 2017 a base de presentar a España como un Estado «antidemocrático», donde se violan los derechos humanos, donde los tribunales «coartan» e impiden los debates parlamentarios y donde los dirigentes del soberanismo están perseguidos por su ideología.
El Gobierno catalán casi en pleno, con el presidente de la Generalitat a la cabeza, la mayoría de los diputados de Junts pel Sí, una cuarentena de alcaldes, representantes de todos los grupos soberanistas (PDECat, Esquerra, CUP y Catalunya sí que es Pot), así como varios miles de personas arroparon a la presidenta de la Cámara catalana a las puertas del Tribunal Superior. Forcadell declaró por espacio de media hora y solo respondió a sus abogados.
La exlíder de la ANC se enrocó en sus posiciones y afirmó que el estado de derecho está en peligro en España porque se producen «ataques antidemocráticos» impropios del siglo XXI. «Lo que está en juego es la democracia; no se ataca a la presidenta de la Cámara, se ataca a la institución y a su esencia: el debate y la palabra», aseveró.