El Gobierno frena la idea de Rivera de acabar con los aforamientos
Santamaría argumenta que es necesario delimitar a qué tipo de delitos afectará el cambio.
m. e. alonso | madrid
Soraya Sáenz de Santamaría dio largas ayer al cumplimiento del pacto que el PP firmó con Ciudadanos para la supresión exprés de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo. Durante la sesión de control al Gobierno, a la que no asistió Mariano Rajoy por encontrarse viajando desde Nueva York, la vicepresidenta enumeró uno a uno los múltiples obstáculos que existen para dar cumplimiento rápido a una reclamación que el partido naranja desea hacer factible en el primer trimestre de 2017. Según argumentó, hay que «acompasar» la reforma de la Constitución con las modificaciones de estatutos de autonomía y de las leyes que aforan a cargos e instituciones y delimitar previamente a qué tipo de delitos afectará esta iniciativa. Aun así, Sáenz de Santamaría reiteró a Albert Rivera y a los suyos el compromiso del Ejecutivo central con la medida. «El PP cumple sus compromisos, lo tenemos con ustedes, en el punto 94 del acuerdo, y con los ciudadanos, trabajar por la regeneración democrática», subrayó la vicepresidenta.
La eliminación de los aforamientos «ligados a cargos políticos y representantes públicos» fue una de las seis condiciones que Ciudadanos exigió firmar al PP antes de negociar el apoyo de sus 32 diputados a la investidura de Rajoy. Pero hay diferencias en el ritmo que liberales y populares quieren imprimir a la puesta en práctica de esta medida. Mientras el Gobierno ve a largo plazo la posibilidad de suprimir los aforamientos, Ciudadanos aboga por acabar cuanto antes con el privilegio que, insisten, permitirá que los políticos no puedan «poner ni quitar» a los jueces ni tampoco «atornillarse» a sus escaños para ser juzgados por un tribunal «especial o privilegiado».
«Hay 2.000 aforados entre cargos públicos y electos, pero luego tenemos 15.000 entre jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», recalcó Sáenz de Santamaría. Y a ello habría que añadir, según recordó, la necesidad de decidir con exactitud el ámbito de la supresión, es decir, si afectaría sólo a la actividad privada de los cargos o también a la ejercida en función de su condición como representante público. «Me he leído el programa de todos los que estamos aquí, y me suscita dudas ver si eliminamos los aforamientos para todos los delitos o solo los de la vida pública», dijo.