Puigdemont, un año en la Generalitat sin avances en el proceso secesionista
La asamblea de la CUP y el juicio contra Mas marcarán el devenir de la legislatura.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. QUIQUE GARCÍA
c. reino | barcelona
El Parlamento catalán es «en un 95%» una cámara meramente declarativa, que puede aprobar resoluciones muy altisonantes, pero apenas tiene capacidad efectiva y normativa. Esta es la opinión -en privado- de un diputado de Junts pel Sí, de los llamados independientes, y bien podría ilustrar el año que Carles Puigdemont lleva al frente de la Generalitat y del proceso independentista: ha expresado claramente que quiere desconectar a Cataluña del resto de España, pero de momento apenas ha podido ofrecer avances concretos hacia la ruptura.
El presidente de la Generalitat pretende celebrar un referéndum sobre la independencia legal y vinculante y aplicar el resultado sin dilaciones ni excusas, según afirmó en el discurso de Nochevieja, aunque hasta la fecha no ha soltado prenda sobre cómo piensa hacerlo sin entrar en colisión con el Tribunal Constitucional. Sólo ha dicho que aprobará una ley, la de transitoriedad jurídica, que sustituirá a la legalidad española y dará amparo al referéndum. No se sabe quién fiscalizará esa ley, ni si estará sometida a los tribunales. Los partidos independentistas la tienen guardada bajo llave para protegerse del Tribunal Constitucional. «Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social», dice su primer artículo; es todo lo que se conoce.
La política catalana se ha propuesto ir tan acelerada, que a Puigdemont sólo le quedan seis meses para poder dejar a Cataluña lista para su separación del resto de España, lo que el presidente catalán calificó como el objetivo de pasar de la «postautonomía a la preindependencia». Son 18 meses en total porque así lo pactaron Junts pel Sí y la CUP para que ninguna de las partes tuviera la tentación de desviarse del rumbo hacia Ítaca. Ahora, el tiempo apremia y en medio año, el Gobierno catalán tiene que conseguir diseñar y celebrar un referéndum vinculante, con reconocimiento internacional, y tiene que dejar listas las estructuras del futuro Estado independiente, por si gana el sí.
El mandato de Puigdemont arrancó hace casi un año de manera muy traumática para una parte del soberanismo. La CUP jugó tan fuerte sus cartas en la negociación que a punto estuvo de hacer saltar por los aires todo el proyecto secesionista. Consiguió, eso sí, mandar a Artur Mas a la «papelera de la historia».
Septiembre resolverá el mandato de Puigdemont, pero dos acontecimientos muy próximos -la asamblea de la CUP del 28 de enero, y el juicio contra Mas, Ortega y Rigau por el 9-N, que arranca, el 6 de febrero- marcarán el futuro de la legislatura. Los anticapitalistas tienen aún que decidir si apoyan los presupuestos de la Generalitat. Todo puede pasar en el cónclave antisistema, pues no hay que olvidar que en otras ocasiones acabó incluso en empate. Si hay veto a las cuentas, las elecciones se adelantarían para la primavera. El otro punto caliente del arranque del año es el juicio del 9-N. Por primera vez, el proceso soberanista se sienta en el banquillo: Mas podría ser inhabilitado.