La instructora propone juzgar por terrorismo a los agresores de Alsasua
Concluye el sumario contra nueve procesados por atacar a dos guardias civiles y sus parejas .
mateo balín | madrid
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propuso ayer a la Sala de lo Penal juzgar a nueve de los jóvenes de entre 19 y 24 años identificados como agresores de un sargento y un guardia civil de paisano en un bar de la localidad navarra de Alsasua, la madrugada del pasado 15 de octubre. A todos ellos les atribuye un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. Siete de ellos fueron enviados a prisión preventiva en noviembre mientras que otros dos permanecen en libertad provisional con la obligación de comparecer ante el juzgado más próximo a su domicilio dos veces por semana. A estos se le sumaron después otros cuatro encarcelados.
La magistrada tomó esta decisión tras concluir la instrucción y afirmar que hay «motivos bastantes para afirmar con fundamento» que cometieron el delito. Será ahora la Sala de lo Penal quien tenga que dar su visto bueno para juzgar o no por terrorismo a los procesados. Después las partes presentarán sus escritos de acusación y defensa, respectivamente.
Los acusados son Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Aratz Urrizola, Julem Goicoechea, Jon Ander Cob, Iñaki Abab, Oigan Arnanz, Ainara Urquijo y Aritz Urdargarín.
Según la juez Lamela, los procesados fueron identificados por las víctimas de la agresión en las ruedas de reconocimiento y uno de ellos, Jokin Unamuno, además de dar «puñetazos y patadas» a los guardia civiles, sería uno de los principales «promotores» del movimiento Ospa Mugimendua en Alsasua -que dinamiza la campaña de la izquierda abertzale Alde Hemendik (Fuera de Aquí)-, «en el que estarían integrados el resto de investigados».
«Todos ellos conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento (agredidos), siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados», destacaba la juez en su auto de procesamiento, el paso previo a la conclusión del sumario.
El colectivo busca, según la juez, «influir en la vida de los miembros de la Guardia Civil para que se sientan objetivo de grupúsculos violentos y tengan dificultades para realizar sus actividades».