Homs: "Informé al Govern de que no cometíamos delito con el 9-N"

"Informé al Govern de que no incurríamos en ninguna irregularidad, ni ilegalidad, y menos en un tipo penal". Así de contudente se ha expresado este miércoles el 'exconseller' dePresidència de la Generalitat y actual diputado del PDECat en el Congreso,Francesc Homs, en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional al haber impulsado el proceso participativo soberanista del 9 de noviembre del 2014. En latercera sesión del juicio le ha tocado el turno a los políticos.

Homs, que en futuro será juzgado en el Tribunal Supremo también por la consulta alternativa y que se enfrenta a una  petición del fiscal de nueve años de inhabilitación, ha comparecido este miércoles como testigo en el TSJC. Para  salvalguardar sus garantías lo ha hecho con su abogada, Eva Labarta. El diputado había sido propuesto por la defensa de Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la 'exconsellera' de Ensenyament, Irene Rigau. La abogada de Homs  ha tenido que intervenir en dos ocasiones para alegar que su representado no contestaría a determinadas preguntas. Ante esta situación, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha expresado que no haría preguntas, a lo que Homs ha afirmado: "Que lástima".

Homs ha explicado al tribunal que cuando el Constitucional suspendió la primera consulta convocada por Mas en septiembre del 2014, se constató que la misma era "impracticable", por lo que después, en octubre, se convocó el proceso participativo del 9-N. El diputado ha relatado el "menosprecio" del Gobierno español sobre esta consulta alternativa, por lo que ha asegurado que se quedó muy "sorprendido" ante la prohibición también de este proceso. "El Constitucional se adaptó a la agenda del Gobierno español", ha declarado.

El 'exconseller' ha concretado que el 4 de noviembre del 2014, cuando el Constitucional suspende el proceso participativo, el Ejecutivo catalán decidió mantener la consulta alternativa y emprender una serie de acciones legales, como la presentación de una demanda contra el gobierno español ante el Tribunal Supremo por la vulneración de derechos fundamentales, como la libertad ideológica y la libertad  de expresión. Tras la decisión del Supremo, recurrirían la decisión del Constitucional.

LA PROVIDENCIA

"¿Dónde empezaba y dónde acababa esa presunta voluntad de suspender todo?", se ha preguntado Homs. El diputado, aconsejado por su letrada, no ha contestado a las preguntas sobre la consulta realizada por un proveedor de servicios informáticos a la Generalitat, tras la suspensión del 9-N, de si debían continuar con  los preparativos o no. El motivo: este hecho es objeto del juicio que se celebrará contra el diputado en el Supremo. Y es que Homs dijo entonces que la prohibición no afectaba a esos preparativos.

El diputado también se ha extrañado del "silencio" del Constitucional desde el día 4 de noviembre, del 2014, día de la suspensión, hasta la finalización de la consulta alternativa, el  25 de noviembre, a la vez que ha destacado la decisión de la junta de la Fiscalía Superior de Cataluña del 17 de noviembre del 2014 de que no se había cometido delito alguno con la celebración del 9-N.

La expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, que también ha comparecido como testigo, ha afirmado que "ley de consultas refrendarias regulaba el proceso participativo". La fiscalía y la acusación no han hecho preguntas. Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consell Assessor per a la Transició Nacional desde que se constituyó, ha afirmado, por su parte, que tuvieron libertad para elaborar todos los informes. En el primer dictamen se analizaba la posibilidad de realizar una consulta y las posibles alternativas en caso de que fuera anulada: "Dentro de estos escenarios, estaba el de hacer una consulta con base legal pero no necesariamente con la legalidad vigente", ha dicho.

LOS DICTÁMENES

Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional desde febrero del 2013 y hasta febrero del 2015, ha reiterado que el informe sobre la consulta fue elaborado "con total libertad y autonomía respecto del Govern". En este dictamen  se analizan los tipos penales que el Estado podría intentar contra el Govern, aunque los consideraban muy "improbables".

"No aconsejamos nunca a la Generalitat que detuviese la convocatoria porque no veíamos posible una intervención del Estado", ha sostenido Pi-Sunyer. Ha confirmado  también que habló con Homs de la providencia "inédita" del Constitucional sobre el proceso participativo. "No quedaba nada claro qué era lo que no podíamos hacer", ha precisado.  A petición de las defensas, han declarado también otros miembros del consejo asesor, que han subrayado que hicieron  un informe alegando que no se había cometido delito alguno por la organización del 9-N.

Joan Rigol ,excoordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, propuesto por las defensas como testigo, ha asegurado que Mas le encargó, tras la suspensión de la primera consulta, que asumiera la responsabilidad del proceso participativo, que quedaba en manos de voluntarios. Coordinó esta labor, pero, según ha aclarado, no recibió ninguna  indicación sobre los medios materiales con los que dispondría.

ENTUSIASMO

El que en el 2014 era alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmado, por su parte, que desde el Ayuntamiento se comunicó a las escuelas de titularidad municipal la importancia de participar en el 9-N, pero que cada centro docente tomó la decisión que consideró conveniente. Ha destacado ese día colaboraron con el proceso participativo bastantes colegios privados, “siempre desde la voluntariedad y con voluntarios. “Había un ambiente de entusiasmo, del que participaba el alcalde”, ha precisado. La tercera jornada del juicio ha finalizado con este testigo. Se reanudará la vista este jueves.