El fiscal: "El juicio del 9-N también es democracia"

“No se puede contraponer la democracia con el Estado de derecho [...] Tan democrático será este tribunal tanto si condena como absuelve [...] Este juicio también es democracia, la democracia es más de lo que se ha dicho aquí [...] No se está enjuiciando la voluntad popular [...] La fiscalía no depende del Gobierno y no se ha recibido ninguna indicación [...] Lo dramático de este asunto es que es un torpedo al sistema democrático”. Estas son alguna de las frasees lanzadas este viernes por el fiscal Emilio Sánchez Ulled en su informe definitivo sobre el juicio por el 9-N, con el que ha querido dejar claro el terreno que en el que se mueve el juicio contra el 'expresident' Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' Irene Rigau. Esto es, la desobediencia o no al Tribunal Constitucional, y no la legitimidad de la consulta soberanista.

La acusación pública ha precisado nada más empezar su informe: “No se está enjuiciando la voluntad popular, ni una votación”, sino que los tres acusados desobedecieron el mandato de Tribunal Constitucional al continuar con los preparativos del proceso participativo a pesar de su suspensión. “No se está juzgando a la democracia, sino una cosa muy distinta: si hubo desacato, desobediencia e incumplimiento” de lo acordado por el alto tribunal el 4 de noviembre del 2014, cinco días antes de la consulta. El fiscal solicita 10 años de inhabilitación para Mas y nueve años para Ortega y Rigau.

EL DESAFÍO

Sánchez Ulled, que ha dedicado casi dos horas y media a desgranar su informe, ha aseverado que Mas, “como máximo responsable” a la sazón de su cargo, auxiliado por Ortega y Rigau, articuló una estrategia de “desafío” efectivo a la suspensión" del Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó. Ha defendido que los exaltos cargos de la Generalitat juzgados decidieron generar la apariencia de que las actuaciones públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así: “No pararon nada, de nada. La contratación siguió y los trabajos se realizaron”, ha alegado. Por ello, a su entender, cometieron el delito de desobediencia y prevaricación.

El fiscal ha insistido en un meticuloso informe en que tampoco se está juzgando que participaron en el 9-N, y mucho menos a las personas que ese día decidieron ir a votar. Y ha recordado que, precisamente, ese día él estaba de guardia en Barcelona y que, ante las denuncias presentadas, dictaminó que no se estaba en disposición en ese momento de acordar la retirada de las urnas, como algunas demandas reclamaban, al no tener elementos suficientes para adoptar esa medida. sino que se debía investigar el asunto con “calma, tiempo, rigor y profesionalidad”.

Sánchez Ulled ha explicado que esa investigación serena es la que ha conducido hasta el juicio y a mantener su tesis de que "se actuó en un clima de sigilo y opacidad”, y que debajo de los voluntarios había una actuación “enmascarada” de los poderes públicos. A su entender, el Gobierno catalán de entonces no actuó con la “transparencia” que se le requiere. A la vez, ha argumentado que hubo “una ruptura de las reglas de juego democrático que nos hemos dado y de la convivencia”. Y ha insistido en que lo que se está juzgado no es un “enfrentamiento entre señores de negro y señores investidos de autoridad democrática”, sino si se “vulneró” el mandato del Constitucional.

ARBITRARIEDAD

“Hubo hasta el final control del poder público y la preparación y desarrollo del 9-N fue dirigido por los tres investigados, en flagrante contradicción con suspensión cautelar. Aquí no hablamos de astucia, sino de arbitrariedad”, ha recalcado. A su entender, fue Mas quien, como presidente de la Generalitat, “que lo es de todos nosotros”, ordenó una “estrategia de desafío” para no acatar la medida adoptada por el Constitucional. "Me duele decirlo", ha apostillado.

El fiscal ha ido desgranando sus pruebas y ha subrayado que se continuaron con los preparativos del 9-N. Así, se instalaron programas informáticos y se repartieron ordenadores y se abrieron los centros escolares públicos. “Se adoptaron decisiones de un modo absolutamente cubierto y aparentando que la organización de la consulta alternativa estaba en manos de voluntarios. Los acusados sabían lo que estaban haciendo y el resultado: no acatar de medida del Constitucional de una forma caprichosa”, ha agregado.

Casi al final de su informe, el fiscal ha desvelado el mandato que recibió de la que fuera fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, cuando le encargó el caso: “Quiero una valoración técnica, rigurosa. Y cuidado: en el sentido que sea. Si es de archivar, archivar; y si es de acusar, acusar”. A renglón seguido, Sánchez Ulled ha remachado: “La fiscalía no depende del Gobierno y no hemos recibido ninguna indicación de allí. Yo no lo habría consentido”.