El fiscal general ordenó a Anticorrupción no apoyar la causa contra Pedro Antonio Sánchez

La orden del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a las fiscalas del 'caso Púnica' para que no apoyen la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco quiere remitir al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que investigue al presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, por tres delitos ha causado un malestar que ha trascendido el seno del ministerio público y ha llegado al Congreso de los Diputados, donde el PSOE ya ha anunciado que pedirá su comparecencia para que explique si hay "injerencias políticas" en el procedimiento.

El Estatuto orgánico del ministerio fiscal prevé que los fiscales informen a sus superiores de los asuntos destacados que se producen en los procedimientos en los que actúan y elevar exposiciones razonadas para poder actuar contra aforados siempre lo es, algo que, como se ha demostrado en este caso, supone una garantía extra para los que gozan de esta condición, porque, pese al criterio del juez instructor, se ha frenado en seco la futura imputación del presidente de Murcia. Siguiendo esa obligación de comunicación, las fiscalas de Púnica comunicaron a Fiscalía General los indicios existentes tanto contra Pedro Antonio Sánchez como contra la senadora, también del PP, Pilar Barreiro.

Una vez en Fiscalía la "consulta", según fuentes del órgano, fue trasladada a la secretaria técnica y a los cuatro fiscales de Sala jefes de lo Penal del Tribunal Supremo. Todos ellos coincidieron en que no había delito en el caso de Sanchez, al "entender que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad" para mejorar su reputación online, aunque los hubiera acordado con el conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y que no se consumaran por estallar la propia Púnica, con la detención del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

El criterio de la cúpula fiscal establecía que como "no se había producido perjucio alguno para las arcas públicas" no había delito, y así lo decidió el fiscal general y le fue transmitido a las fiscalasCarmen García y Teresa Gálvez.

CONOCIMIENTO PREVIO

Pero resulta llamativo que antes de que ellas mismas supieran que su comuniación a la Fiscalía General había llegado al Supremo, el propio Pedro Antonio Sánchez anunciara a través de la Cope que "cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo" habían considerado que "no se debe investigar". Y, según El Mundo, el Gobierno de Murcia informara el lunes que la decisión había sido "adoptada por la secretaría técnica de la Fiscalía General y por los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo".

En cualquier caso, como las fiscales no estaban de acuerdo con la decisión, el informe en contra de la remisión de la causa al TSJ murciano fue firmado por la fiscal jefa en funciones de Anticorrupción,Belén Suárez, mientras que Carmen García y Teresa Gálvez sólo rubricaron el que apoyaba la remisión al Tribunal Supremo de las actuaciones relativas a Pilar Barreiro.

REPERCUSIÓN EN OTROS CASOS

La nota de prensa con la que la Fiscalía informó de la decisión de no acusar a Sánchez incluía un párrafo que hacía referencia a los dos y que sorprende por la repercusión que puede tener tanto en el 'caso Púnica' con otros imputados como en otros procedimientos. El comunicado destacaba "la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue". En el caso Púnica también están acusados de tratar de mejorar su reputación online con dinero público, entre otros, los exconsejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar.

FUNCIONAMIENTO NORMAL

La noticia sobre la orden fiscal ha llevado al PSOE a anunciar que pedirá la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado para que explique si hay "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por la 'operación Púnica'. Pedro Saura, diputado socialista por esa comunidad, explicó este miércoles en los pasillos del Congreso que quiere preguntar a Maza "si el Gobierno está presionando" para que Sánchez no sea imputado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió la "autonomía" de la fiscalía en la elaboración de sus informes y negó que el Ejecutivo haya ordenado nada. A juicio de Catalá, se trata del "funcionamiento normal" del ministerio público, que es "una institución jerarquizada".