La Fiscalía pedirá que Urdangarín no pueda regresar a Ginebra

m. sáiz-pardo | madrid

Será muy difícil volver a ver a Iñaki Urdangarín montando en bicicleta por las calles de Ginebra si la Audiencia Provincial de Palma acepta el mínimo de medidas cautelares que solicitará hoy el fiscal Pedro Horrach. Según revelaron ayer fuentes cercanas al representante del Ministerio Público, Horrach reclamará, al menos, que el tribunal del caso Nóos prohíba al marido de la infanta Cristina abandonar territorio nacional y que se le retire el pasaporte.

Una medida así, que es muy probable que acepte la sala, obligaría al cuñado del rey a fijar su residencia en España, terminando de este modo su periplo suizo, que comenzó en verano de 2013 cuando el matrimonio Urdangarín-Borbón decidió irse a vivir al país helvético después de que él abandonara su cargo directivo en Telefónica en Washington tras ser encausado en el sumario de Nóos.

Horrach, a última hora de la tarde de ayer, era partidario de reclamar para Urdangarín (condenado a seis años y tres meses de cárcel) el ingreso en prisión, eso sí, eludible con el pago de fianza. El fiscal sopesaba idéntica medida cautelar para el exsocio Diego Torres (castigado con ocho años y medio de reclusión). Pero el entorno de Horrach, a diferencia de otras ocasiones, se mostró hermético y no confirmó cuál será la posición final del Ministerio Público. Tampoco descartó de manera categórica la poco probable posibilidad de que pida el ingreso en prisión inmediato de los dos dirigentes del Instituto Nóos sin ningún tipo de caución; ni dio pistas de cuál podría ser el importe de la fianza que se impondría a los dos principales condenados para sortear momentáneamente la cárcel.

El fiscal del caso estuvo ayer, como en los últimos días, en contacto permanente con la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, al mando de este departamento de manera interina. Según las fuentes consultadas, Suárez le dio a Horrach «absoluta libertad de movimientos» sobre Urdangarín y Torres, si bien le recordó, como ha hecho desde que se conoció la sentencia del caso Nóos, que Anticorrupción viene reclamando últimamente el ingreso inmediato en prisión de los acusados de corrupción que son sentenciados a más de cinco años de cárcel.

Pero Horrach no quiere llevarse un nuevo revolcón de la sala, que, al margen de exonerar a la infanta como él pedía, desmontó buena parte de sus acusaciones. Así, se ha vuelto más receptivo a las directrices que, de forma más o menos velada, están llegando desde las más altas instancias de Justicia y del Ministerio Público. Si el martes fue el ministro Rafael Catalá el que avisó de que reclamar una prisión preventiva tiene que ser una medida muy justificada y argumentada, ayer fue el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, el que se encargó de recordar que «la prisión preventiva se tiene que acordar cuando hay riesgo de fuga, de ocultar pruebas o de atentar contra los intereses de las víctimas y ninguno de estos casos se va a dar». Barceló, fue más allá y, sólo horas antes de la vistilla en la que se decidirá la suerte inmediata del cuñado del rey, incidió en que «los jueces por naturaleza y por ley son independientes» pero que los fiscales tienen «lo contrario», o sea «una dependencia jerárquica», como está recogido en la Constitución y en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Pero el hecho de pedir una fianza para Urdangarín también está provocando controversia en la Fiscalía. El Ministerio Público quiere una caución «fuerte» tanto para el marido de la infanta como para Diego Torres, pero Horrach es muy consciente de que unas fianzas similares a ambos provocarían una «desigualdad», en tanto en cuanto Urdangarín no tendría problemas económicos para afrontar la caución, pero Torres sí y acabaría en la cárcel.