El Gobierno recalca la libertad de los fiscales para luchar contra la corrupción

p. de las heras | madrid

El Gobierno no entiende que sea preciso hacer nada distinto de lo que se viene haciendo hasta ahora para proteger de acosos e intimidaciones a los fiscales y funcionarios encargados de la lucha contra la corrupción. Un día después de que el ya ex fiscal superior de Murcia denunciara que, tanto él como sus compañeros, han sido objeto de ataques de procedencia algo difícil de determinar, pero que hacen aún más complicada su labor, el portavoz del Ejecutivo no sólo minimizó el lamento sino que conminó a los fiscales a tener «contención» en sus declaraciones.

Iñigo Méndez de Vigo argumentó, en línea con lo que ya había replicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el día anterior (cuando aún no conocía todos los detalles de la denuncia), que lo que tienen que hacer aquellos que reciben presiones o son víctimas de conductas delictivas para condicionar sus investigaciones es ponerlo en conocimiento de sus superiores y de las fuerzas de seguridad del Estado, que «cumplen con lo establecido por la ley».

En realidad, el fiscal murciano Manuel López Bernal dejó claro el jueves que él siempre ha puesto en conocimiento de los sucesivos fiscales generales del Estado las presiones sufridas y matizó que en todo momento ha encontrado «comprensión» por su parte. También dejó claro que el problema no estaba en que la polícía no quisiera investigar sino más bien en que la legislación actual hace difícil emprender actuaciones en estos casos. El suyo fue una suerte de grito de socorro. «Si no se soslaya el problema, nos podremos encontrar en los próximos años con que nadie quiere luchar contra la corrupción», llegó a decir.

Entre las intimidaciones a las que hizo referencia, están la denuncia que le ha planteado una asociación de Madrid creada, según dijo, para perseguirle por una tala de pinos supuestamente protegidos hace 32 años. Pero también el asalto al domicilio del fiscal anticorrupción de Murcia y el robo de un ordenador que contenía información de los casos que investigaba y en los que están imputados exaltos cargos del gobierno autonómico y local.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, también aseguró ayer, en sendas entrevistas en la SER y en RNE, que en las investigaciones de corrupción las presiones suceden «muy a menudo».

Todo este asunto ha quedado, en realidad, muy embarrado por el hecho de que el murciano sea uno de los miembros de la cúpula fiscal que han sido relevados de su cargo en la renovación propuesta al Consejo de Ministros por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Una renovación muy criticada por la oposición, pero especialmente por el PSOE que, en su nueva estrategia de oposición férrea al PP para neutralizar la imagen de connivencia de la que acusan a la gestora los críticos capitaneados por el exsecretario general Pedro Sánchez, ha llegado a calificar de «purga» la sustitución de siete fiscales de la treintena que ya habían agotado su mandato (el resto han sido confirmados).