Homs, sobre el 9-N catalán: «Lo volvería a hacer»

Mateo Balín | Madrid

Sabiéndose prácticamente condenado y con pie y medio fuera de la política —la Fiscalía le pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público—, el diputado y portavoz de PDeCAT (antigua Convergència) en el Congreso, Francesc Homs, hizo ayer un alegato ante los magistrados del Tribunal Supremo sobre los derechos políticos de los ciudadanos catalanes para justificar su actuación en el «proceso participativo» del 9 de noviembre de 2014, suspendido por el Tribunal Constitucional y declarado ilegal de forma posterior.

Homs, de 47 años, no buscó con ahínco rebatir la acusación del fiscal ante el tribunal de la Sala Segunda (de lo penal) que le juzga por los delitos de prevaricación y desobediencia grave tras la resolución suspensiva del Constitucional. Más bien, el que fuera consejero de Presidencia de la Generalitat con Artur Mas se autoinmoló al reconocer los hechos delictivos con argumentos más propios de quien se presenta como una víctima de la persecución institucional al desafío soberanista catalán. Un sonoro fracaso de la política cuyas consecuencias se dirimen ahora en los tribunales.

«Admito todos los hechos que se me imputan, aunque mi obligación era celebrar el proceso participativo. En las mismas circunstancias no tengo dudas, lo volvería a hacer», aseguró Homs ante el tribunal de siete magistrados presidido por Manuel Marchena, a la sazón presidente de la Sala Segunda.

Debate léxico

A preguntas del fiscal del Supremo Jaime Moreno, que desde el entorno de PDeCAT trataron de situar ayer en la órbita del Partido Popular por su asesoramiento como experto en la época de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, Homs bajó al debate léxico para asegurar que el 9-N «fue un proceso participativo, no una consulta» independentista, que no se celebró con esa denominación debido a la suspensión decretada por el Constitucional el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de su celebración.

Ese día, el hoy diputado y aforado nacional y el resto del equipo de Gobierno de la Generalitat «conocieron» la admisión a trámite del recurso presentado por la Abogacía del Estado contra el 9-N, motivo por el cual, explicó, aparcaron la «consulta» y decidieron llevar a cabo un «proceso participativo», denominación que reiteró en varias ocasiones.

Las razones que aludió el exconsejero de Presidencia y responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat fueron que no se podía suspender el 9-N «porque estaban en juego, y así lo creíamos nosotros, derechos fundamentales como el de la participación política, dar voz a la gente, frente a una resolución suspensiva que no entendíamos porque era inconcreta, poco clara». «Nuestra obligación era actuar como actuamos», dijo.