Sánchez asegura que desconocía el expediente del caso Auditorio

r. fernández / a. negre | murcia

El plazo de 72 horas que pidió para poder defenderse expiró ayer. El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, compareció ante el magistrado que instruye el caso Auditorio, ofreció las explicaciones que consideró oportunas y después… Y después, nada. Ni el juez Julián Pérez-Templado adoptó decisión alguna que pudiera interpretarse como favorable a los intereses del presidente murciano -algo en lo que se confiaba ciegamente desde algunos ámbitos del PP, por razones no reveladas-, ni se conoció elemento alguno que permita aventurar que el archivo de las diligencias esté próximo, ni tampoco el aforado Sánchez ofreció pruebas irrefutables para demostrar que su responsabilidad es nula en las supuestas ilegalidades cometidas en todo el proceso de adjudicación, construcción y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.

Básicamente, su testimonio consistió en sostener, una y otra vez, que desconocía casi todo lo referente al expediente municipal y en asegurar que esos asuntos no eran de su competencia. La responsabilidad sobre la adopción de las decisiones más controvertidas la vertió sobre los técnicos municipales y, asimismo, sobre el director del proyecto, el arquitecto Martín Lejarraga. Con todo, las explicaciones de Sánchez solo tienen el valor que cada una de las partes le quiera dar y especialmente el magistrado instructor, que las contrastará con el resto de las pruebas y manifestaciones contenidas en el sumario -las ya existentes y las que se puedan practicar- para decidir si procede archivar la causa o, al contrario, procesar al presidente murciano y encaminarlo hacia el juicio.

El presidente de Murcia compareció durante cinco horas, un tiempo en el que trató de desmontar las acusaciones que pesan sobre él por prevaricación , fraude, malversación de fondos públicos y divulgación de información reservada. Y por si alguien tenía aún alguna duda, tras declarar dejó muy claro que no tiene ninguna intención de dar un paso atrás. «Cumplo mi palabra», remarcó Pedro Antonio Sánchez, ante un escuadrón de cámaras de televisión. «Dije que dimitiría si había una imputación formal -refiriéndose, según explicó en otras ocasiones, al momento del encausamiento, cuando finalice la instrucción de la causa-. Está vigente y es cuando es».

Sánchez mostró su disposición a «seguir cumpliendo el acuerdo» con Ciudadanos que, sin embargo, la formación de Rivera dio por roto el pasado jueves. «Lo único que yo le pido a Ciudadanos», remarcó, «es que interprete el pacto en Murcia como lo está haciendo para otros sitios de España y como se interpreta en la propuesta legislativa que presentó en el Congreso hace una semana». La propuesta a la que aludió Sánchez fija la obligación de dimitir de los cargos políticos en el momento de apertura del juicio oral.

Tras su declaración, apenas interrumpida por un breve receso, Sánchez abandonó el Palacio de Justicia rodeado de gritos que exigían su dimisión y envuelto en una marabunta que provocó, incluso, que algún cámara acabase en el suelo.

Ya en un hotel cercano, en una sala de prensa improvisada en una terraza, centró sus esfuerzos en defender, con ahínco, que el caso Auditorio investiga, en última instancia, un error administrativo. «Estamos hablando de que el PSOE denuncia una obra en Puerto Lumbreras de hace más de diez años. Se ha acreditado bajo mi punto de vista, por parte de todos los departamentos del Ayuntamiento, que Puerto Lumbreras recibió una subvención para hacer una obra y que esa obra está hecha a través de un proyecto modificado y aprobado al 100%. Todo el dinero de la subvención está invertido en la obra», remarcó.