El primer revés del Gobierno en el Congreso amenaza la legislatura

Gorriarán / De las heras| Madrid

La derrota sufrida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso con el decreto ley de reforma del régimen laboral de los estibadores no solo tiene un efecto sectorial sino que ha reabierto la incertidumbre sobre la estabilidad gubernamental y la duración de la legislatura. El revés ha dañado el acuerdo del PP con Ciudadanos y ha demostrado al Ejecutivo que no puede contar con el PSOE, las dos premisas con las que cuenta Rajoy para gobernar cuatro años con el PP en minoría.

Las caras de algunos ministros y diputados del PP tras la votación que tumbó el decreto eran un poema. El Gobierno no sufría semejante afrenta parlamentaria desde los tiempos de Adolfo Suárez. Ningún presidente ha pasado por ese trago porque los decretos leyes se llevan al Congreso con mayoría absoluta o muy pactados con la oposición por la urgencia de su aplicación. Hasta el miércoles por la noche, el Gobierno y el PP creían tener posibilidades de sacar adelante su decreto porque contaban como seguros los 174 votos de sus diputados, los de Ciudadanos y los del PNV, que pagó su primera letra por el respaldo popular a los presupuestos del Gobierno vasco. Ese respaldo con alguna ausencia en la oposición o algún arreglo de última hora permitiría aprobar el texto.

«Hasta tres veces nos dijo que sí Ciudadanos», se quejaba ayer un diputado popular dolido y sorprendido por el cambio de postura a última hora de los de Albert Rivera, que se abstuvieron y no quisieron ser solidarios en la derrota con un socio que, a su entender, les ha maltratado en estos cuatro meses de legislatura además de incumplir el acuerdo de investidura.

A última hora

En vista de que la derrota estaba asegurada, algunos ministros y diputados populares plantearon a primera hora la retirada del decreto y convertir el texto en una proposición de ley del PP, una transacción que requería el apoyo de otros grupos parlamentarios, pero los socialistas negaron su auxilio sin contemplaciones. La retirada, además, contaba con el rechazo del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, impulsor y negociador del decreto. Al final y en medio de idas y venidas, Rajoy ordenó seguir adelante con al trámite y encajar la derrota, aunque fuera una expresión palmaria de la debilidad parlamentaria del Gobierno y del partido que lo sustenta.

Una falta de poderío ante los retos de la oposición que los populares han paliado estos cuatro meses como han podido. Unas veces con la presentación de vetos a las iniciativas legislativas que ven perdidas de antemano. La Moncloa ya ha recurrido más de una veintena de veces a su facultad constitucional de impedir la tramitación de propuestas legislativas que alteren el equilibrio presupuestario. La oposición ha rechazado en la Mesa del Congreso varios vetos y el Gobierno ha planteado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional que está por resolver. En otras ocasiones, el Ejecutivo y el grupo popular no han tenido más remedio que asumir la derrota, como en la creación de algunas comisiones de investigación, o ceder para satisfacer las exigencias opositoras, caso de la subida del salario mínimo.