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El Gobierno agotará la legislatura pese al revés con el decreto de la estiba

Ratifica su confianza en Ciudadanos y reclama al PSOE que prime los intereses generales.

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León

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r. gorriarán | madrid

Un resbalón. Eso ha sido para el Gobierno la derrota en el Congreso con el decreto ley de reforma laboral de los estibadores. La Moncloa cree, a diferencia de lo que piensan muchos diputados del PP y algún miembro del Ejecutivo, que la estabilidad parlamentaria de Mariano Rajoy no corre peligro y el presidente mantiene «sus planes». Lo primero que va a hacer es renegociar con la oposición la norma de la estiba y después presentará los Presupuestos de este año.

«El Gobierno no se plantea ninguna hipótesis de adelanto electoral», dijo hasta dos veces el portavoz Iñigo Méndez de Vigo para cortar de raíz las especulaciones que se han disparado en las últimas horas, y a las que no es ajeno el PP. La Moncloa reconoce que si se generaliza el boicot de la oposición a todas sus iniciativas legislativas la situación se tornará ingobernable, pero espera que el escenario del jueves sea flor de un día y un desahogo opositor. La idea de Rajoy, subrayan en el Ejecutivo, era y es agotar la legislatura.

Lo mismo se dice en la dirección del PP, convencida de que no se puede extrapolar lo ocurrido el jueves en el Congreso a futuras votaciones parlamentarias. «No hay que ir más allá», reclamó el responsable de Comunicación, Pablo Casado, que confió en que esa derrota «sea una excepción» en el devenir de la legislatura.

En el Gobierno y en el partido atribuyen el comportamiento de Ciudadanos a una mezcla de bisoñez y pataleta infantil en represalia por anteriores desacuerdos. Pero no por ello va a romper la baraja y el partido de Albert Rivera, sentenció el portavoz, «sigue siendo el socio de referencia del Gobierno».

Distinta es la percepción que se tiene de la actuación del PSOE que, a juicio de La Moncloa, obedece a su complicada situación interna. El conflicto de los estibadores afecta sobre todo a Susana Díaz con el potente puerto de Algeciras sobre sus espaldas, y la presidenta de la Junta de Andalucía no quiere abrir ahora otro frente de conflicto interno dando su aval a un decreto ley rechazado por el sector.

Rajoy está convencido, dicen en el PP, de que el PSOE hubiera hecho lo mismo si hubiera estado al frente del Gobierno porque se trata de un asunto de Estado.

Aunque el presidente del Gobierno evitó las quejas, no lo hizo su portavoz que, sin citar a los socialistas, les reclamó que antepongan «los intereses generales sobre sus intereses partidarios». Méndez de Vigo señaló que el «mandato de los electores de buscar acuerdos», plasmado en las urnas el 26 de junio, no solo afecta al Gobierno y al PP, es una exigencia para todos los actores políticos. Algo, añadió, sobre lo que el PSOE debería abrir «una reflexión».

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