El Supremo condena a Homs a 13 meses de inhabilitación por el 9-N

cristian reino | barcelona

El proceso soberanista sigue acumulando sentencias condenatorias. Después de que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau fueran inhabilitados por su actuación en la consulta del 9-N, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó ayer a un año y un mes de inhabilitación al exconsejero catalán de la Presidencia y actual portavoz del Pdecat en el Congreso, Francesc Homs, también por su participación en la organización del simulacro de referéndum, celebrado en 2014 y en el que participaron 2,3 millones de personas. En este caso, la pena impuesta a Homs es más baja que la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó para sus compañeros de partido, que fueron condenados a dos años, 21 meses y año y medio, respectivamente, y que ahora se proponen recurrir al Supremo con vistas a un castigo más benigno.

La inhabilitación del diputado soberanista comprende el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno, y por tanto está por ver hasta cuándo podrá seguir ejerciendo como parlamentario en las Cortes, porque la sentencia es firme, si bien Homs ya avanzó que estudia presentar un recurso de amparo ante el Constitucional.

Para que la inhabilitación sea efectiva, el Supremo debe notificar antes a la Cámara baja el contenido del fallo. El dirigente nacionalista, en cualquier caso, pedirá al Supremo una suspensión de la ejecución de la sentencia, lo que podría retrasar la ejecución de la misma. Pero en cuanto sea efectiva, deberá entregar su acta de diputado y no podrá ser elegido durante ese periodo para cargo público. «Hasta que no se me formalice la condena, seguiré siendo diputado y seguiré yendo al Congreso», avisó el exconsejero, que al igual que Mas se propone acudir si es necesario a las instancias judiciales europeas.

Similitud

Homs, igual que el expresidente, Ortega y Rigau, fue condenado por un delito de desobediencia grave, mientras que fue absuelto, como sus excompañeros de gabinete, del delito de prevaricación administrativa. El fallo del Supremo es similar en este sentido al que dictó el TSJC y señala que la prevaricación administrativa queda absorbida en el delito principal de desobediencia.

Homs, como ya hizo Mas cuando fue inhabilitado el pasado 13 de marzo, calificó la sentencia de «política», pues a su juicio se le condena por sus «ideas», por «poner las urnas» y para tratar de «apartarle» de la actividad política. «El fallo está al servicio de un Estado que tiene demofobia», afirmó. Según añadió, las sentencias por el 9-N son un «error» y la «muestra» de que el Estado español «ha perdido» en el pleito catalán. «Este es el fin del Estado español», remató.

La condena a Homs es, en cualquier caso, mucho menor que la que reclamaba la Fiscalía, que pedía nueve años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia, al «impulsar activamente» el «proceso participativo» que fue anulado por el Tribunal Constitucional y por traspasar los límites de su competencia y vulnerar el «orden constitucional» vigente.

Homs instó a las fuerzas políticas españolas a que pongan querellas contra Mariano Rajoy, porque a su entender es el «campeón» de los incumplimientos al Constitucional. Si la «conflictividad institucional» tiene derivada «penal», «espero que la apliquen al Gobierno», señaló.