Diario de León

Califican de «víctimas» a los agresores

Podemos pide que no se juzgue como terrorismo el ataque a los agentes y sus parejas en Alsasua .

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m. e. alonso | madrid

Podemos respaldó ayer un manifiesto de apoyo a los nueve imputados por la agresión en 2016 a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), y defendió que ellos son también «víctimas» por estar siendo sometidos a «un juicio injusto y desproporcionado».

La formación de Pablo Iglesias, junto con representantes de Esquerra, EH Bildu, Pdecat y PNV, se reunió en el Congreso con los familiares de los imputados y reclamó la puesta en libertad de los tres jóvenes que aún permanecen en prisión. «Es una irresponsabilidad decir que es terrorismo porque las víctimas sean guardias civiles», remarcó el líder morado.

Podemos cuestiona abiertamente el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional en el que se les acusa de un delito de odio y otro de terrorismo por su conexión con un grupo radical contrario a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y Navarra. Según sostiene, lo ocurrido el 15 de octubre en Alsasua fue una mera «pelea de bar» y como tal debería juzgarse por la vía ordinaria. «No está siendo un juicio proporcional a los hechos que ocurrieron», denunció la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Ione Belarra.

En todo caso, la diputada de Podemos quiso aclarar que su formación está en contra de «todas las formas de violencia» y destacó el «consenso amplio» que ha suscitado el apoyo a las familias de los agresores de Alsasua dentro de las filas moradas. Este consenso, aparentemente, no es tan amplio como presumen algunos dirigentes de Podemos. Hasta 21 diputados de la formación o sus confluencias no firmaron el manifiesto, entre ellos, Rafa Mayoral, que arguyó que no le había dado tiempo a hacerlo. Otros en cambio, como el guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos, se desmarcaron de la postura oficial. El juez Juan Pedro Yllanes sí lo firmó, pero aún así mostró su desacuerdo con lo que cree una «injerencia en la separación de poderes».

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