Puigdemont estira los plazos en busca de una salida al referéndum

La presión judicial está generando dudas en el Gobierno catalán, que aunque en los últimos meses ha amagado con adelantar la celebración del referéndum como le pide la CUP, ahora da señales de que trata de estirar al máximo los plazos, ya de por sí apretados, en busca de una salida ante la presión del Ejecutivo central a través del Constitucional.

Carles Puigdemont está consiguiendo inquietar a sus aliados anticapitalistas, que le exigen concreción inmediata y celebrar la consulta secesionista antes del verano, pero el presidente catalán confía en que con el paso del tiempo puede aumentar la base parlamentaria de apoyo a la consulta si consigue el respaldo de Catalunya Sí que es Pot, la coalición en la que participan Podemos y En Comú, el partido de Ada Colau. Esa alianza sumaría el 61% de los diputados del Parlamento catalán, pero hay un problema: la coalición condiciona su apoyo a que el referéndum sea pactado con el Gobierno central.

Tomando como referencia la consulta del 9-N, el Ejecutivo de Puigdemont lleva ya retraso. Artur Mas anunció la fecha y la pregunta once meses antes de la votación. En el caso escocés, Álex Salmond comunicó la cita con año y medio de antelación. En la sesión de control en el Parlamento catalán celebrada ayer, los anticapitalistas volvieron a meter presión, pero el presidente de la Generalitat replicó que la fecha debe responder a un acuerdo amplio.

Puigdemont argumentó que el soberanismo debe recurrir «hasta el final y un poco más» a la vía pactada con el Gobierno central.