OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN
La UCO señala a Ignacio González como autor del saqueo de 60 millones en el Canal de Isabel II
Cristina Cifuentes, impulsora con su querella del caso Lezo, declara por escrito ante el juez Velasco como testigo.
Ignacio González, detenido por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, a su llegada esta noche a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, Madrid, donde pasó la noche.
m. s. p. / m. b. | madrid
No fue una nefasta gestión empresarial, rayana con la negligencia como hasta ahora apuntaba la oposición. Fue, según la Guardia Civil, una medida y «premeditada» operación de «saqueo» de dinero público del Canal de Isabel II para encubrir una inmensa maquinaria de lavado de capitales en Sudamérica. La trama corrupta que supuestamente lideraba el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -detenido ayer junto a once de sus excolaboradores- dejó en el camino un «agujero patrimonial» en la gestora de aguas madrileña cercano a los 60 millones de euros. González ha pasado la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, a la espera de ser trasladado ante el juez para prestar declaración. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y los suyos, además, están investigados por el cobro de comisiones y de financiar de forma irregular al PP. En total, se les imputa ocho delitos: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
La operación Lezo, desatada ayer por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, tiene un eje principal, que no único: la fingida ruinosa compra en noviembre de 2013 por parte de los ‘testaferros’ de González en el Canal de Isabel II (él ya había abandonado la presidencia de la entidad que ostentó entre 2003 y 2012) del 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda.
La UCO entiende que aquella operación -diseñada desde un principio para «descapitalizar» el ente público»- se hizo a través de un complicado entramado financiero dirigido a encubrir que la gran parte del «dinero perdido» iba a volver en el extranjero a los principales implicados de la red de Ignacio González.
Pero no es la única operación internacional bajo sospecha. La Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias de investigación en 2015 sobre la gestión del Canal de Isabel II, indaga sobre otras dos operaciones de descapitalización encaminadas a encubrir el blanqueo, entre ellas, la adquisición de la sociedad que gestiona el agua de la localidad de Barranquilla. Solo esas tres transacciones «ruinosas» habrían supuesto el agujero de 60 millones de euros.
Aunque tanto la oposición en la Comunidad de Madrid como el propio Gobierno regional de Cristina Cifuentes intentaron ayer apuntarse el ‘tanto’ de haber sido los primeros en denunciar esta trama, lo cierto es que la UCO y Anticorrupción investigaban la gestión del Canal desde 2015.
La operación Lezo incluyó, además, una cuarentena larga de registros, entre ellos el domicilio del propio González y su despacho profesional.
Al tiempo, el juez Velasco se desplazó desde la Audiencia Nacional a la sede de la Comunidad de Madrid para tomar declaración como testigo durante una hora al consejero de Presidencia y actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido. Tras ello le dio en mano a la presidenta Cristina Cifuentes el cuestionario con las preguntas del interrogatorio, quien por el cargo que ostenta puede declarar por escrito como testigo.
De forma previa, en su juzgado tomó declaración a la jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González y al actual director general del Canal Ángel Prieto.
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