El expresidente Ignacio González empieza a responder ante el juez por el saqueo del Canal de Isabel II

El expresidente madrileño Ignacio González comenzó a las seis de esta tarde a contestar las preguntas que tenía preparadas para él el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y los fiscales del caso Lezo, centradas fundamentalmente en la compra en 2013 por Inassa, filial sudamericana del Canal de Isabel II, de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes y por otro del pago de comisiones de la constructora OHL.

Durante la mañana el magistrado sólo tomó declaración a Clarisa Guerra Soto, secretaria del exresponsable de Inassa y consejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino. Ella quedó en libertad con comparecencias mensuales tras declarar ante el magistrado. La Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión incondicional para el enlace en sudamérica del Canal. El magistrado adoptará una decisión cuando terminen todos los interrogatorios.

Al reanudarse las declaraciones por la tarde declaró el hermano del expresidente madrileño, Pablo González, directivo de Mercasa y vinculado con la operación por la construcción de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II, se negó a declarar ante el juez. También rehusó contestar a las preguntas Juan José Caballero, cuñado de González

Rodríguez Sobrino ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal, según consta en el auto de registro dictado por el juez Velasco, en el que se describen "numerosas" operativas de blanqueo de capitales a paraísos fiscales de la trama de la operación Lezo.

Una hija de Rodríguez, imputada en el caso, según Efe, controla el patrimonio oculto de su padre y que pudiera ser titular de bienes muebles e inmuebles, algunos en el extranjero, que en realidad serían de Edmundo, como una vivienda en Barranquilla (Colombia), ciudad a la que su padre acudía con frecuencia por su actividad en Inassa, otras en Puerto Plata (República Dominicana), adquirida en fechas "muy próximas" a la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte de Inassa, así como una tercera vivienda en Londres (Inglaterra) y varias cuentas corrientes en el Reino Unido y en la Isla de Jersey.

El magistrado también investiga las inversiones inmobiliarias de Rodríguez Sobrino en Colombia en 2013 y 2011. En la de 2011, dice el juez, intervino en un negocio con una constructora local de Bogotá, según un correo que se remitió a un directivo del banco Santander, Julián Carrascosa, quien se reunió en septiembre de 2016 con él para tratar otra operación en España en la que habría que invertir 10 millones de euros.

23 MILLONES DE EUROS

En el auto en el que decretó prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para la exdirectora financiera del Canal y consejera de Canal Extensia María Fernanda Richmon y de 100.000 para el exgerente de la empresa del agua Adrián Martín, que ya ha aportado a través de un aval, se cifra la malversación cometida en la compra de la brasileña en 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) al patrimonio público madrileño y se materializó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales". El magistrado afirma en esa resolución que tanto Richmon como Rodríguez Sobrino actuaron "en connivencia" para sobrevalorar el precio de las participaciones de Emissao.

Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El primer delito no fue utilizado por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar las medidas que debían imponerse a los primeros detenidos que comparecían ante el magistrado, ya que el fiscal jefe, Manuel Moix, entendía prematuro atribuírselos ya a los detenidos en la operación Lezo. No obstante, como consta en la querella presentada por Anticorrupción en julio de 2016, el magistrado lo sigue aplicando.

Además, previsiblemente en breve la Fiscalía no será la única acusación personada en la causa. Este viernes lo han solicitado elPSOE, Podemos y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) su personación al Juzgado Central de Instrucción número 6. El magistrado deberá decidir ahora si los acepta, algo que parece más que previsible ante las polémicas que se están produciendo en el seno de la Fiscalía Especial, donde hubo de reunirse la Junta de Fiscales para poder realizar unos registros vinculados a una operación realizada por Inassa en 2001, es decir, dos años antes de que González asumieera la gestión del Canal. 

IRREGULARIDADES EN LA OPERACIÓN

El auto de prisión eludible con fianza detalla las principales irregularidades detectadas por los investigadores, entre ellas la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco".

Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40 al 75 por ciento- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización". Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda. La compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia. El magistrado sostiene que la auditora KPMG afirmaba en un informe que "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisión".

MÁS OPERACIONES

La resolución también hace referencia a otras operaciones del Canal Extensia, como la compra de Soluciones Andinas, "aparentemente de forma indebida" a Oriol Serra Ibars, director ejecutivo de Igmasa Management, empresa presidida por Ignasi Maestre.

El juez también acusa a Martín de haber "intervenido activamente en la manipulaciónn de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid, dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo Essentium".

COMISIÓN DE OHL

El principal imputado por el pago de una comisión de OHL al presidente madrileño, el empresario Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL y yerno del fundador de la compañía Juan Miguel Villar Mir, declarará esta tarde ante el magistrado, en principio después de que lo haga Ignacio González.

Su declaración será fundamental para aclarar este extremo que vincula el caso con la financiación del PP de Madrid que ya investigaba Eloy Velasco en el caso Púnica y en el que el propio López Madrid figuraba como imputado. Sobre el pago de la comisión contestó ayer extensamente y de forma colaboradora el empresario Adrián de la Joya, uno de la treintena de imputados que ya hay en el procedimiento.