Ignacio González se unió a Zaplana para blanquear su dinero con un abogado uruguayo

La investigación sobre los delitos presuntamente cometidos por el expresidente madrileño Ignacio González han hecho que vuelva a estar de actualidad otra persona hace tiempo alejada de los focos. El exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana,Eduardo Zaplana, aparece tan relacionado con González que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le sitúa en las operaciones de blanqueo de capitales utilizadas por el que, entre otras funciones, estuvo al frente de la gestión del Canal de Isabel II.

En el auto de prisión incondicional dictado en la noche del viernes para González y el exresponsable de la filial sudamericana del Canal y consejero de 'La Razón' Edmundo Rodríguez Sobrino, al que ha tenido acceso El Periódico, se atribuyen al expresidente madrileño varias prácticas para lavar el dinero obtenido del cobro de comisiones por adjudicaciones irregulares, como la relativa a la instalación de un campo de golf en unos terrenos de la empresa pública de agua en el centro de Madrid o la pagada por OHL de 1,4 millones por el tren de Móstoles a Navalcarnero.

Entre ellas figura la adquisición del 50%, junto a Zaplana, de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot, cuyo despacho facilita estructuras societarias, para supuestamente controlar "los derechos de patente de un producto de desinfección de agua". La investigacion "ha revelado los planes del expresidente de la Comunidad de Madrid para acometer esta inversión a través de sociedades opacas y testaferros". En concreto, González le propuso a Zaplana "montar una estructura financiera" en "Holanda, Estados Unidos o Uruguay" con el objetivo de "canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo".

Entre las formas para blanquear, el juez también cita la constitución de una empresa de gestión de guarderías con su mujer, Lourdes Cavero, en la que con una aportación mínima de 10.000 euros el matrimionio logra controlar el 20% de una sociedad valorada en torno al millón. Además, detalla la "facturación triangular entre la sociedad Comunica Mas, la mercantil Asecom" y el expresidente madrileño detectada. Esta última práctica también la realizó con Asesora, controlada por su hermano Pablo, para el que el juez decretó prisión eludible con fianza de 4 millones de euros.

Ante la falta de liquidez en sus cuentas, González dispuso una serie de préstamos ficticios con su padre y su hermano por 15.000 euros que luego compensaría con dinero en B. Su ritmo de vida no podía sostenerse con los ingresos justificados que tiene junto a su mujer, lo que era tan evidente que incluso lo comentaron Rodríguez Sobrino y la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmon(prisión eludible con fianza de 4 millones) en un encuentro entre ambos grabado.

VÍDEO DE COLOMBIA

Zaplana vuelve a salir en la resolución al mencionarse una conversación que mantiene con González después de que él fuera grabado saliendo de un hotel con bolsas en Colombia, en la que hablan de la comisión de 1,4 millones de euros que OHL paga por la adjudicación del tren que iba a unir Móstoles y Navalcarnero. En ella, el expresidente madrileño dice que "alguien debió pedir el dinero en su nombre" y que Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno del fundador de la compañía, José Miguel Villar Mir, "le reconoció que pensaban -se entiende el entorno de la presidencia de OHL- que la comisión iba dirigida a él".

Se da la circunstancia de que en una de las agendas intervenidas a López Madrid, en la investigación por la financiación irregular del PP del 'caso Púnica', aparecen anotaciones manuscritas que coinciden cronológicamente con la adjudicación de esa infraestructura ferroviaria. En ella daba la instrucción de "Nacho" al entonces consejero delegado de Mintra, Jesús Trabada, que fue quien firmó el contrato de adjudicación el 22 de octubre de 2007. El pago que la constructora realizó se hizo con dinero que López Madrid le explicó a González que provenía de México "y del titular de la cuenta en Suiza donde se habría recibido, el empresario Adrián de la Joya".

FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

En cuanto a la financiación irregular del PP madrileño, el auto explica que la acusación contra la Agencia de Información y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) parte de quien fue subdirector general del ente, que denunció ante Anticorrupción que González había pedido al entonces consejero delegado de la sociedad, José Martínez Nicolás, "en torno a un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid". El dinero se obtuvo mediante "contratos inflados con las mercantiles PricewaterhouseCooper (PwC) e Indra. La resolución cifra el flujo detectado en 687.497 euros, 566.497 en 2012 y 121.000 al año siguiente, procedentes de Indra y sus empresas proveedoras.

La investigación ha puesto de manifiesto que Martínez Nicolás (al que el juez dio una semana para pagar una fianza de 100.000 euros), responsable de ICM entre 2007 y 2014, ha tenido un enriquecimiento ilícito de más de un millón de euros. En sus cuentas en Liechtenstein se han detectado dos transferencias de 545.980 euros con destino a Panamá y de 529.123, a Suiza.

La resolución también detalla cómo González, su hermano Pablo y su cuñado Juan José Caballero se enriquecieron con la instalación de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II y apunta al posible pago de comisiones por la construcción de los cercanos Teatros del Canal. Asimismo, le atribuye responsabilidades en la compra de la filial sudamericana de la empresa de agua, Inassa, pese a que se hizo en 2001, y él no fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid hasta 2003.

EL CHIVATAZO

Según el juez, Ignacio González "habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses", y considera que "se ha evidenciado el uso de la influencia sore Mauricio Casals (presidente de 'La Razón') para detener la cobertura mediática de sus actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación judicial en curso". La resolución se refiere así al chivatazo que una magistrada "amiga de la casa" llamó a ese diario para avisarles de que les estaban grabando, según le dijo el propio Casals al presidente madrileño. Fuentes jurídicas han admitido que aunque las investigaciones continúan, la jueza en cuestión aún no ha sido identificada.