La citación de Rajoy añade incertidumbre a la legislatura

Nuria Vega | Madrid

El día en el que los cabecillas de la red Gürtel fueron condenados a 13 años de prisión, el PP inauguraba en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid su XVIII Congreso Nacional. En las puertas del complejo, Mariano Rajoy, a punto de ser ratificado por cuarta vez líder de su partido, enterró la corrupción en el pasado con la esperanza de que pronto los escándalos formasen parte de la historia «mala» de su formación. Dos meses después de aquello, sin embargo, los populares temen no poder superar el estigma de esa lacra.

La citación de Rajoy como testigo en el juicio por el caso Correa y la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, han contribuido esta semana a reavivar las recelos de la oposición hacia el Gobierno en minoría del PP. Ya no se trata del riesgo de un nuevo retroceso en las urnas. Hace tiempo que, de hecho, los dirigentes populares creen haber pagado ya la factura electoral de la corrupción. Pero en una legislatura altamente sensible a cualquier factor externo a la vida parlamentaria, en la Moncloa inquieta que el testimonio del jefe del Ejecutivo dificulte los pactos en el Congreso.

Por ahora, los socios políticos del PP han preferido no poner el foco del debate en la inestabilidad del mandato de Rajoy. Si bien Ciudadanos se ha permitido licencias que corroboren su discurso frente a la corrupción, Albert Rivera ha aislado el respaldo a los Presupuestos de las informaciones sobre la presunta financiación ilegal en el PP madrileño, el supuesto desfalco en el Canal de Isabel II o la poderosa imagen del presidente declarando. Pero este último elemento es, sin duda, el que más preocupa en los despachos gubernamentales.

Prepararlo a fondo

Aunque la fecha no está fijada y la agenda del presidente podrá ser tenida en cuenta para establecer el momento en el que acudirá en calidad de testigo a la Audiencia Nacional, fuentes del Gobierno señalan la relevancia de preparar a fondo el qué y el cómo. Tan importante como el contenido, aprecian, serán el formato y las formas para que el paso por el juzgado no suponga un desgaste inasumible y un punto de inflexión en la legislatura.

«Si algo aprendimos en el pasado es que cualquier cuestión ajena a lo que se negocia puede torcer las conversaciones», apuntan en la Moncloa. Se refieren al precedente del pacto frustrado con el PSOE a finales de 2014 sobre la reforma de la ley de partidos. La aproximación entre el popular José Antonio Bermúdez de Castro y el socialista José Enrique Serrano terminó por no poder plasmarse ante la insistencia de nuevos escándalos que surgían en las filas del PP. «Si la imagen que proyecta el partido con el que estás intentando llegar a un acuerdo no es buena, es difícil darle tu apoyo», afirman las fuentes consultadas.

Es por eso que el PP se esfuerza en sellar los puntos de fuga para minimizar los daños y se declara «avergonzado» por las últimas informaciones relacionadas con el partido en Madrid.

En las filas del PP pocos se atreven a descartar con rotundidad que María Dolores de Cospedal no estuviera al tanto de la denuncia que el año pasado presentó Cristina Cifuentes ante la Fiscalía por las irregularidades detectadas en la gestión del Canal de Isabel II y que ha concluido con la detención de González, su predecesor, y una tormenta en toda regla. Aun así, fuentes del partido apuntan a que la presidenta madrileña actuó de ‘motu propio’. «No dijo nada», señala incluso un cargo popular, mientras en el entorno de Cifuentes inciden en que las sospechas de una dudosa gestión no dejaron más alternativa que ponerlo todo en conocimiento del Ministerio Público como «Gobierno de la Comunidad de Madrid».