La Fiscalía se querellará contra la Generalitat por la compra de urnas
Como un buen defensa central, la Fiscalía ata en corto al Gobierno catalán y a cada paso que da hacia la ruptura le responde con la apertura de una causa judicial. Poco después de que saliera publicado hoy en el Diario Oficial de la Generalitat el concurso oficial para la compra de 8.000 urnas para la celebración de un referéndum, el Ministerio Público anunció que prepara una querella.
Sería contra Francesc Esteve Blagué, secretario general de Gobernación, por desobediencia, prevaricación y malversación, por haber firmado la orden según la cual se pone en marcha la licitación para la compra de dos lotes de urnas, 8.000 de metacrilato y 4.000 de cartón, por 200.000 euros. El acuerdo marco publicado por la Generalitat no supone aún la orden de adquisición del material electoral, sino que abre el concurso para que las empresas interesadas opten a la licitación y sería en una segunda fase cuando se ejecutaría la compra, que la Generalitat no quiso aclarar este martes quién firmará ni cuándo se aprobará. Todo lo que rodea al proceso soberanista es secreto de Estado y la opacidad es marca de la casa. Aun así, la Generalitat defendió la legalidad del anuncio y expresó que no hay motivo para la querella porque el Ejecutivo actúa dentro del «marco de la legalidad». «No hay ninguna normativa que nos impida la compra de urnas», dijo la consejera de la Presidencia, Neus Munté. El argumento que utiliza el Palau de la Generalitat no es nuevo y se basa una vez más en el equívoco lingüístico de decir que las urnas pueden ser para elecciones catalanas y procesos participativos, no para el referéndum, pero al mismo tiempo expresa que mantiene su compromiso «total» con la consulta. Las condiciones del concurso, de hecho, no hablan en ningún momento de que las urnas sean para la celebración de un referéndum. El texto enumera las leyes a las que se acoge el anuncio y subraya que el concurso es para urnas que puedan ser utilizadas en elecciones, consultas populares y otras formas de participación.
Sea legal o no, lo que sí supone el acuerdo marco sobre las urnas es la primera concreción del compromiso sobre la «organización, convocatoria y celebración» del referéndum suscrito por escrito por el Gobierno catalán en bloque hace dos semanas y que abre una nueva fase del proceso, en la que Puigdemont y Junqueras tienen que pasar de las palabras a los hechos.
Aviso del Gobierno Un juego dialéctico, en cualquier caso, que la Fiscalía no compra y que responde a la advertencia que lanzó el viernes pasado el Gobierno central. «Si el anuncio de un anuncio se traduce en hechos, intervendrá la Fiscalía», avisó el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo. El Ejecutivo central no solo avisó al Gobierno catalán, sino que recordó un auto del Constitucional que vinculaba la prohibición del referéndum también a los funcionarios y a las empresas que colaboren con el proceso. Munté replicó que la administración catalana «no permitirá» amenazas, especialmente contra las empresas. La Fiscalía tiene varios frentes abiertos contra el proceso. Al margen de las dos querellas contra Carme Forcadell, el Ministerio Público abrió hace un mes diligencias a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el «registro de catalanes y catalanas en el exterior» ante la sospecha de que la Generalitat pudiera utilizarlo como censo en el eventual referéndum. La Audiencia Nacional investiga además a 24 entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado.