Las claves de la ley de transitoriedad jurídica

La ley de transitoriedad jurídica es uno de los secretos mejor guardados del Govern de Carles Puigdemont. La norma es la que regiría en Catalunya en el tránsito del autonomismo a la independencia, y sentaría las bases del nuevo Estado catalán. Según el borrador que publica este lunes el diario 'El País', estas son las claves de la norma:

1. DUI inmediata si no hay referéndum: La disposición final del borrador recoge que "si el Estado español impidera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlament constate este impedimiento". Lo que se traduce en que si el Gobierno de Mariano Rajoy impide la consulta, se realizará una declaración unilateral de independencia.

2. La pregunta del referéndum: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente de España?" es la pregunta que recoge el borrador. Asimismo, se detalla que "el voto afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos implica la ratificación de la independencia", sin especificar un mínimo de participación. Podrán votar todos aquellos catalanes con derecho a voto en las elecciones al Parlament, así como los catalanes residentes en el extranjero que han tenido como última vecindad administativa la catalana y se hayan inscrito en un registro habilitado. Para favorecer el reconocimiento internacional, se invitará a observadores "cualificados" de terceros países para que supervisen todo el proceso de votación.

3. La permanencia en la UE: La ley de desconexión asume que Catalunya seguirá formando parte de la Unión Europea, por eso contempla: "El derecho de la Unión Europea mantiene su naturaleza y posición respecto del derecho interno". También se compromete a incorporar las normas de la UE que entren en vigor tras la independencia de Catalunya

4. Mantenimiento provisional del ordenamiento jurídico español: Se retienen todas las leyes españoles siempre que "se interpreten y apliquen de acuerdo con esta ley el resto de normas catalanas dictadas con posterioridad".

5. Los bienes públicos: La Generalitat pasaría a ser la propietaria de la "titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Catalunya". También se subrogarían los contratos de obras o prestación de servicios formalizados por el Gobierno central que afectan a Catalunya. En caso de no producirse esa subrogación, la Generalitat se reserva la potestad de abrir "una contratación de emergencia".

6. Amnistía para todos los condenados por el 'procés': La justicia catalana sobreseerá o anulará "los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscarán un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Catalunya o la creación de un nuevo Estado de manera democrática o no violenta".

7. Los funcionarios: Los actuales trabajadores públicos de la Generalitat "se integran automáticamente en la Administración General de Catalunya", y los que están al servicios del Estado español y presten sus servicios en Catalunya "pueden optar a la integración en condición de personal al servicio de la Administración General de Catalunya, con la misma vinculación y en los términos y condiciones establecidos en esta ley". Estos últimos "tienen derecho a recibir la ormación adecuada para ejercer sus funciones y a disponer de un periodo transitorio suficiente para acreditar el conocimiento del catalán en el nivel que lo haga apto para cumplir las funciones propias del cargo". Asimismo, para aquellos funcionarios que tienen reconocida la condición de "autoridad pública", el Govern les concederá la "nacionalidad catalana".

8. La organización de la justicia: Según el borrador de la ley de transitoriedad jurídica, el presidente de la Generalitat elegiría al fiscal general de Catalunya y al presidente del Tribunal Supremo catalán. En el primer caso, lo haría tras escuchar al Govern y deja en manos del Ministerio de Justicia la elección del resto de los fiscales. En el caso del responsable del Supremo, sería designado a propuesta de una comisión mixta integrada por la sala de gobierno del alto tribunal (una suerte de Consejo General del Poder Judicial) y una comisión formada por 10 personas (presidente del Supremo, ministro de justicia, 4 jueces de la sala de gobierno del Supremo y 4 personas designadas por el Govern). También se crearía una sala constitucional que estaría formada por el presidente del Supremo, lo spresidentes de sala y dos magistrados designados por el Parlament.

9. Nuevo concurso para los altos funcionarios de justicia: "Los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que pertenezcan a los cuerpos corresondientes al Estado español podrán concursar en las plazas que se convoquen". Asimismo, la norma establece que la comisión mixta de la sala de gobierno del Supremo y el Govern participaría en "los procesos selectivos de jueces y magistrados en los términos que fije la ley".

10. La ciudadanía: Tras la ratificación de la ley de transitoriedad jurídica, obtendrán el pasaporte catalán todas aquellas personas con nacionalidad española que lleven al menos un año empadronadas en un municipio catalán o aquellas que puedan acreditar al menos dos años continuados de domicilio en Catalunya en el pasado. No será necesario renunciar al pasaporte español; es decir, se podrá mantener la doble nacionalidad. También podrán obtener la nacionalidad todos los nacidos en Catalunya, los residentes en el extranjero que hayan pasado un mínimo de cinco años en Catalunya, o los descendientes de padre o madre catalanes. Igualmente, podrán adquirir el pasaporte las personas casadas con un catalán o catalana después de un año de la boda o tras acreditar una "residencia legal o continuada" durante cinco años en Catalunya (dos años para los originarios de países iberoamericanos, Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial, o los que puedan acreditar su condición de sefardí).

11. La retirada del pasaporte: Por otra parte, la norma detalla los casos en los que será posible retirar la nacionalidad catalana: por condenas por delitos contra el orden público, los que pongan el peligro la paz, y los acusados de "traición" o de cometer delitos "contra la independencia de Catalunya".

12. La lengua: El catalán es la única "lengua propia de Catalunya", aunque se garantiza que el castellano puedan mantener los actuales usos "vigentes". Se reafirma el modelo de inmersión lingüística vigente en la educación y se rechaza un modelo de segregación de alumnos por cuestión de lengua. Los funcionarios dependientes del Estado que decidan ingresar en la Administraión de la Generalitat tendrían la obligación de aprender el catalán, para lo que dispondrían de "un período transitorio suficiente".