ABUSOS EN UN CENTRO MUNICIPAL DE TARRAGONA
Los Mossos investigan 11 posibles casos de maltrato en la guardería de El Morell
El juez deja en libertad a la educadora detenida con los cargos de vejaciones y maltrato
Los Mossos de Esquadra investigan 11 casos de posible maltrato en la guardería municipal de El Morell (Tarragonès) cometidos presuntamente por la ex educadora Marta R., de 32 años y vecina de Valls (Alt Camp), que, según el juez que investiga el caso, habría sometido a alumnos de entre 0 y 3 años a vejaciones, golpes y castigos sin que las familias se enteraran ni el consistorio actuara en el caso.
Tras pasar la noche en los calabozos de la comisaría, el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona la ha dejado en libertad este martes con los cargos de vejaciones y maltrato, y con las medidas cautelares de inhabilitación para trabajar con menores y una orden de alejamiento de cien metros de la guardería. La educadora se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez.
Según el relato judicial, la guardería contrató a la presunta maltratadora para trabajar dos meses, aunque estuvo ocho años en el centro municipal. En el curso 2008-2009, en su cargo de apoyo a los recién nacidos, supuestamente empujó “contra el colchón de la cuna a uno de los menores cada vez que intentaba levantarse a la hora de dormir”.
SIN MEDICACIÓN PARA EL ASMA
Al año siguiente, tal como avanzó este diario, no suministró la medicación a uno de los niños con asma y además, le explotaba “globos en la cara (…) pese a la angustia y al miedo que sufría el menor”.
El juez señala que las víctimas eran “particularmente vulnerables” y, aunque la guardería comunicó en dos ocasiones al consistorio estos abusos, “no se hizo nada al respecto”. El magistrado también considera que el alcalde, Pere Guinovart, y la exconcejala de Educación, Montse Ibáñez (PDCAT ambos), se negaron a recibir a los padres de otro alumno con laclavícula rota que pedían explicaciones.
“A una menor la castigaba por hacerse las necesidades encima, a otra le obligaba a comer a la fuerza, a otra la llegó a tirarla al suelo a gritos mientras insultaba a su madre, y a otro menor lo trataba de forma agresiva y violenta” y le bajó los pantalones delante de toda la clase a otro pequeño durante el curso 2013-2014, desgrana la interlocutoria.
En noviembre de ese año se informó a la concejala de una posible agresión a una niña que se negaba a comer. En el 2015, la guardería cambió de directora y la nueva responsable dio parte de dos presuntas agresiones a un niño que sufrió lesiones en la frente. La nueva concejala de Educación pidió un informe que destapó otros maltratos y que desembocó en el despido de la educadora.
EXPEDIENTE ARCHIVADO
El juez destaca su extrañeza de que, a pesar de que el secretario municipal, que actuaba como instructor, señaló que se tenían que denunciar los hechos, “el expediente se archivó sin la realización de gestión alguna”.
La contundencia del auto judicial contrasta con la versión de un portavoz municipal, que asegura que la concejala “se reunió con los padres y, nada más saberse los hechos, fue suspendida de empleo y sueldo y posteriormente se la despidió”. Esta medida, según esta fuente, ya fue suficiente para no acudir a las autoridades a denunciar los hechos.
De momento, solo está imputada la educadora, aunque policialmente se atribuye también al alcalde, la exconcejala y la exdirectora los delitos de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.
Frialdad sorprendente
Fuentes próximas a la investigación han relatado que la educadora detenida ha mostrado una actitud impasible durante todo el tiempo que ha permanecido detenida. En los calabozos ha dormido sin problemas, apenas se ha interesado por su situación y ha mantenido en varias ocasiones que está pendiente de un juicio por despido improcedente.
La interlocutoria del juez también tiene en cuenta que el juzgado de lo social puede fallar a favor de la detenida y, por tanto, decretar su reincorporación a la guardería, por lo que ha dictado la medida cautelar de inhabilitación, que le impide trabajar con menores.