Rajoy no está dispuesto a negociar un referéndum al margen de la ley
La Moncloa ha diseñado un plan que contempla todas las medidas posibles para frenar la consulta.
El presidente de la Generalitat, Puigdemont, inauguró la Reunión del Círculo de Economía. A. DALMAU
n. v. / c. r. | madrid / barcelona
Mariano Rajoy plasmó ayer por escrito el último portazo del Gobierno a pactar un referéndum de independencia para Cataluña. Apenas 24 horas después de la carta que Carles Puigdemont envió a La Moncloa, el presidente negó cualquier negociación encaminada, a su entender, a vulnerar el núcleo de la Constitución española. «Considero inexcusable volverle a reiterar no sólo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y el orden constitucional», advirtió en su misiva el jefe del Ejecutivo.
El intercambio epistolar no sólo constata formalmente la distancia que separa al Ejecutivo y la Generalitat, sino que constituye el punto de partida de la última fase hacia el referéndum que el independentismo planea convocar después del verano. Sin saber hasta dónde llegará el conflicto y si en septiembre el temido «choque de trenes» será ineludible, ambas partes han diseñado su propia hoja de ruta. El Gobierno catalán, con el objetivo de colocar las urnas en la calle, y el central, con el reto de impedirlo.
En La Moncloa reconocen tener un plan. Y es posible que incluso ya se haya puesto en marcha. En los últimos días, el manido discurso sobre la necesidad de respetar la ley y los cauces democráticos se ha transformado en una advertencia que va tomando cuerpo. El presidente y sus ministros han elevado el tono para transmitir el mensaje de que esta vez no habrá votación, que el referéndum de 2017 no será la segunda parte de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, cuando Rajoy tuvo que afrontar las críticas de su propio partido por inacción.
«Estamos dispuestos a impedir que se pueda llegar a poner esa urna de papel, de cartón, de cristal o como se quiera, porque ya se está comprobando que aquellos que colaboran en esa actuación van a tener consecuencias y responsabilidades penales», reafirmó en la cadena Cope la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
El destinatario del aviso no sólo se encuentra en la clase política catalana, después de que quienes promovieron el 9-N -entre otros, el presidente catalán, Artur Mas, o el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs- se hayan enfrentado a condenas de inhabilitación por desobediencia. También va dirigido al entramado civil, a aquellas empresas que opten por colaborar con el proceso y al funcionariado, porque fuentes populares contemplan que se pueda multar a los empleados públicos que faciliten el referéndum.
Del mismo modo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no ha querido descartar esta semana la posibilidad de que, llegado el caso, el Gobierno tenga que hacerse con el control de la policía autonómica catalana: «No le quepa la menor duda de que el Estado, el Gobierno de la Nación, tomará todas las medidas que tenga que tomar».
Todo estaría contemplado en los informes que desde hace meses se manejan en La Moncloa.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sin embargo, no quiso especificar ayer, en una entrevista en Onda Cero, si su gobierno trabaja en esa ley de transitoriedad jurídica que permita la desconexión inmediata de Cataluña.