El PP amenaza con los tribunales por la investigación a sus finanzas

Vega / Sáiz-Pardo | Madrid

«¿Es legal esto?». La dirección nacional del PP puso ayer en cuestión la comisión que investigará en el Congreso la financiación del partido. Los populares exigen a los grupos parlamentarios concreción. Que se determine la materia a investigar, el periodo temporal y el ámbito geográfico antes de que el órgano apruebe el calendario de comparecencias y, sobre todo, antes de que Mariano Rajoy se someta al interrogatorio de la oposición. De lo contrario, la formación conservadora, que espera el informe de los letrados de la Cámara, amaga con acudir a los tribunales para impedir que se emprenda una «causa general» contra los suyos y con el presidente en el foco del debate, según advirtió Fernando Martínez-Maillo.

En la sede central de la calle Génova se manejaban ayer dos sentencias judiciales que podrían avalar su tesis, al vetar comisiones genéricas de investigación en instituciones gobernadas por el PP. La vía judicial es una «posibilidad», apuntó ayer el coordinador general del partido. La suya fue, en todo caso, una advertencia a 24 horas de que se reúna la comisión. La mesa de este órgano analizará las propuestas los grupos antes de que se proceda con un calendario de trabajo.

La formación conservadora ya ha anticipado que, en su opinión, sólo debería someterse a examen lo ocurrido en la presente legislatura, es decir, desde julio de 2016. «Si me apuran, desde el año 2015, que es cuando por primera vez se define la financiación ilegal como delito», defendió Martínez-Maillo tras la reunión de dirección del PP presidida por Rajoy. Del mismo modo, rechazó que la investigación se extienda al ámbito autonómico o local.

Una concesión

Según este planteamiento de máximos, quedarían excluidos como objeto de interés los casos Gürtel, Bárcenas y las tramas regionales en comunidades como la valenciana o la madrileña. Pero los populares estarían dispuestos a aceptar la oferta de Ciudadanos y establecer que se analice la financiación del PP desde que Mariano Rajoy tomó las riendas de la organización en 2004.

El principal interés de los populares es delimitar la comparecencia del jefe del Ejecutivo para que no se convierta en un «espectáculo político». De ahí que apuesten por que intervenga en la comisión incluso antes de testificar el 26 de julio en el juicio de Gürtel. De este modo, fuentes de la formación apuntan que podrían comenzar el curso en septiembre sin el «lastre» de la corrupción. La decisión, en todo caso, dependerá de la disposición de los grupos parlamentarios, incluido el PSOE.

El único que instrumento que el PP tiene en su mano para negociar las condiciones es la comisión de investigación paralela que propuso en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, y que se constituye mañana. En ese órgano, diseñado para contrarrestar la estrategia de la oposición en el Congreso, se analizará la financiación de todos los partidos y Martínez-Maillo anticipa que los populares podrían citar a «los líderes» y también a dirigentes como la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, por el caso de los ERE irregulares.