Diario de León

El ÓRDAGO SECESIONISTA

¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Vote el 1 de octubre

Puigdemont pone fecha y pregunta al referéndum pero elude firmar documento alguno para evitar la impugnación del Gobierno central .

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), anuncia que piensa convocar para el próximo 1 de octubre, sin el aval del Gobierno del Estado, un referéndum sobre la independencia de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), anuncia que piensa convocar para el próximo 1 de octubre, sin el aval del Gobierno del Estado, un referéndum sobre la independencia de Cataluña

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CRISTIAN REINO | BARCELONA
León

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El independentismo está convencido de que a la tercera irá a la vencida. Después de dos intentos, el 9-N y el 27-S, se conjura para organizar, ahora sí, un referéndum que le abra las puertas de la república catalana. De momento, la consulta ya tiene fecha y pregunta.

El presidente de la Generalitat anunció hoy, tras una reunión extraordinaria del Gobierno catalán, que el 1 de octubre de 2017 Cataluña "celebrará" un referéndum sobre la independencia, en el que la ciudadanía será llamada a votar "sí o no" sobre si "quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república".

Con cuatro meses por delante, el presidente de la Generalitat dio un paso más en el desafío contra el Estado y prendió la mecha del proceso, que ha entrado en la fase de la colisión institucional, pues el independentismo no piensa dar marcha atrás. Puigdemont se rodeó del Ejecutivo catalán al completo y de buena parte de los diputados de Junts pel Sí y la CUP en una imagen de unidad que engloba a la mayoría absoluta secesionista de la Cámara catalana, pero que representa a poco menos de la mitad de la población.

El dirigente nacionalista hizo el anuncio formal para "ratificar la decisión" de convocar una consulta, pero evitó firmar documento alguno para esquivar la impugnación por parte del Gobierno. Una declaración sin efectos jurídicos, pero de valor político, que marca un antes y un después en la pugna que libran el Gobierno central y el catalán y que acelerará el proceso, ya que ahora llegarán las decisiones ejecutivas, con riesgos penales, como la firma del decreto de convocatoria y la aprobación de la ley de desconexión .

Desde la oposición apuntan que solo empieza la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones y que la estrategia soberanista no busca más que la reacción desproporcionada del Gobierno para que los partidos secesionistas puedan superar el 50% de los votos obtenidos el 27-S. Sin embargo, fijando la data, Puigdemont, que no piensa repetir como candidato y no tiene nada que perder, verbaliza que va a por todas, se compromete a convocar y celebrar una consulta vinculante y a convertir el resultado en un mandato político. Es decir, que si gana el sí proclamaría la independencia.

Esta es la principal diferencia entre el 1-O y el 9-N. En la consulta de 2014, votaron 2,3 millones de personas, un tercio del censo, y en esta ocasión el objetivo soberanista es superar los tres millones. Puigdemont lleva meses asegurando que lo que hará que la votación sea vinculante será la participación. La ANC, mientras, aprieta y exige que se presente ya el censo, una de las muchas incógnitas que rodean al referéndum y que marcarán las próximas semanas. Por ejemplo, cuándo se aprobará la norma que dé cobertura legal a la consulta, cómo será la junta electoral, las condiciones de la campaña, si habrá locales en todos los municipios (los ayuntamientos socialistas han dicho que no colaborarán), si los funcionarios tienen garantizados sus derechos y si los no independentistas se verán interpelados a votar en una consulta unilateral, al margen de la ley y que no contará con el reconocimiento ni de Madrid ni de Bruselas.

Buscar el choque

Aunque el apoyo social no es mayoritario, el independentismo defiende que ha llegado la hora de buscar el choque y tiene el argumentario listo para justificarlo ante los catalanes. Aduce que Cataluña es una nación y como tal tiene el derecho "inalienable" a la autodeterminación. En segundo lugar, el proceso se justifica, según expresó Puigdemont en un discurso muy duro contra España, porque el Estado, al decir siempre 'no' a las demandas de los catalanes, no deja otra opción. "El problema real es el 'no quiero' de Rajoy. Con un no quiero es mejor no ir al altar", dijo. También esgrimen que cuando Barcelona y Madrid han pactado, como en el Estatuto, no ha servido para resolver el "conflicto político". Y finalmente, acusan a España de ser un Estado "antidemocrático", donde, según Junqueras, se "violentan lo derechos fundamentales".

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