DESAFÍO INDEPENDENTISTA
El PP recuerda a Colau que ni los funcionarios ni ella pueden cometer ningún tipo de ilegalidad
La dirección conservadora garantiza una respuesta "tranquila, ponderada y racional" al 1-O para no alimentar el "victimismo"
El coordinador del PP, Fernando Martínez-Maillo, en rueda de prensa.
Las palabras de Ada Colau mostrando el lunes su "predisposición a participar el 1-O" y anunciando que el ayuntamiento de Barcelona pondrá "todas las facilidades" a la participación siguen dando mucho que hablar, a uno y otro lado de la trinchera que separa a los partidarios y detractores del referéndum. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha criticado, por ejemplo, la "ambigüedad permanente" de la alcaldesa en torno a la la consulta, y le ha recordado que "sabe perfectamente" que ni "el ayuntamiento, ni sus funcionarios ni ella misma pueden cometer ningún tipo de ilegalidad".
En un desayuno informativo en Madrid, al que ha asistido la plana mayor del PP y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado que la respuesta del Gobierno para impedir el referéndum será "tranquila, ponderada y racional", entre otros motivos, para no alimentar el "victimismo" de los independentistas. Pero, a partir de ahí, no ha querido desvelar los planes gubernamentales, precisamente para no "provocar" a los partidarios de la secesión.
Maillo ha puesto en valor el apoyo del PSOE al Gobierno a la hora de rechazar la consulta pero ha criticado la intención de Pedro Sánchez de presentar iniciativas en el Congreso para solucionar el conflicto catalán. Así, ha señalado que los socialistas "se han enredado históricamente en este tema", recordando la llamada 'Declaración de Granada' o la apuesta por el Estado plurinacional, pretensiones que ha tildado de "eslóganes" sin concretar.
LA COMISIÓN SOBRE LA CAJA B
El coordinador general ha reconocido, por otra parte, que los letrados a los que ha consultado el PP no ven muy "factible" que el Tribunal Constitucional (TC) pueda paralizar la comisión de investigación en torno a su presunta caja b, que se ha puesto en marcha en el Congreso. Los populares tienen intención de recurrir el órgano ante el TC el órgano fiscalizador, por carecer este de un límite temporal o pretender abarcar todas las administraciones. Pero aún estudian si solicitar la paralización cautelar del mismo.