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Los funcionarios municipales de Cataluña aseguran que serán fieles a la Constitución
Critican que se les otorgue "un protagonismo que no les corresponde" en la celebración del referéndum
Urnas de metacrilato almacenadas en el Ayuntamiento de Barcelona.
El Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (CSITAL) ha recordado este martes que la actuación profesional de sus miembros se rige por el cumplimiento del principio de legalidad y recuerda que debe ser fiel "al espíritu y al texto de la Constitución".
En un comunicado emitido "en relación con el anuncio para la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre" en Cataluña, la Junta General del CSITAL expone que su código ético profesional contiene "un enunciado claro que no admite interpretaciones": "la defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad y de neutralidad y de imparcialidad política", que siempre deben respetar y estar acorde con "el cumplimiento del principio de legalidad" y con la fidelidad "al espíritu y texto de la Constitución".
En el texto, aprobado por unanimidad en la sesión de la Junta General del CSITAL, el Consejo señala que se está dando a los funcionarios municipales de Cataluña "un protagonismo que no les corresponde" en la celebración del referéndum del 1-O, y recuerda que estos empleados tienen un fuerte compromiso con el correcto funcionamiento de los gobiernos locales, al margen de ideologías. El CSITAL aglutina a "un colectivo de funcionarios, con un modelo profesional homólogo al de otros países de la Unión Europea fuertemente comprometidos con los gobiernos locales de Cataluña".
Pero los sindicatos también han lanzado este martes el primer toque de alerta a la Generalitat por el blindaje de los funcionarios ante el referéndum. UGT y CCOO pedirán en los próximos días a la 'consellera' de Gobernación, Meritxell Borràs, que convoque el Consell de la Función Pública para que explique oficialmente la protección prevista para los trabajadores públicos. Desde UGT no ven “garantías ni seguridad jurídica” en la ley del referéndum, mientras que CATAC, sindicato mayoritario en la Generalitat, ha enviado una circular explicando qué hacer en caso de órdenes de dudosa legalidad.
LA VICEPRESIDENTA SUBE EL TONO
La advertencia de los funcionarios a la Generalitat ha servido de base perfecta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para elevar un poco más el tono y ha aprovechado un discurso ante los diputados del PP en el Congreso, en principio diseñado para celebrar la aprobación este martes del techo de gasto, para arremeter con dureza contra el independentismo catalán. Toda la parte final de su intervención, sin apenas relación con sus palabras anteriores, ha estado destinada a este objetivo. Su conclusión ha sido esta: “Los independentistas cada vez están más solos y tienen más miedo a asumir sus responsabilidades. Les pido que dejen de presionar para que otros las asuman por ellos”.
La número dos del Ejecutivo central ha atacado a la Generalitat por sus “presiones” a los funcionarios para que amparen el referéndum de autodeterminación. La convocatoria, que según sus impulsores será vinculante, “no se va a celebrar”, ha dicho la vicepresidenta, porque “vulnera” la Constitución y la “legalidad internacional”. Aquí la vicepresidenta ha citado a la Comisión de Venecia, que el mes pasado negó el aval que le pedía el frente soberanista, concluyendo que un referéndum debe respetar la Constitución, informa Juan Ruiz Sierra.